La propuesta establece un objetivo de déficit del 1,8% para 2019, cinco décimas mayor que el anterior objetivo del 1,3% que había sido fijado por el anterior Gobierno del PP. En concreto, se espera que sea del 0,4% en la Administración central, del 1,1% en la Seguridad Social y del 0,3% para las comunidades autónomas, con equilibrio en las entidades locales. Según los cálculos del Gobierno, este aumento supondrá un aumento de 6.000 millones en el gasto del conjunto de las administraciones, en comparación con el anterior objetivo.

De cara a 2020, el objetivo para el conjunto de las administraciones públicas será del 1,1%, con un reparto del 0,1% para la Administración Central, del 0,1% para las comunidades autónomas, del 0,9% para la Seguridad Social, y equilibrio presupuestario para las corporaciones locales.

En cuanto a 2021, el objetivo es que el déficit sea del 0,4% y que este recaiga exclusivamente en la Seguridad Social, mientras que se espera que el resto de administraciones tengan equilibrio.

DEUDA

En lo que se refiere a los objetivos de deuda, para 2019 se situaría en el 96,1% del PIB, con un reparto del 70,1% para la Administración central y la Seguridad Social, del 23,7% para las comunidades autónomas, y del 2,3% para las corporaciones locales.

En 2020 el objetivo global sería del 94,1%, con un 68,9% para la Administración Central y Seguridad Social, un 23% para las autonomías, y un 2,2% para las corporaciones locales. En 2021, el objetivo de deuda se sitúa en el 91,5%, con un 67,2% para Administración Central y Seguridad Social, un 22,2% para comunidades autónomas y 2,1% para las corporaciones locales. En cuanto a la regla de gasto, la tasa de referencia nominal para 2019 será del 2,7%, mientras que en 2020 sería del 2,9% y en 2021 del 3,1%.

SEGUNDO INTENTO

Una vez aprobada por el Consejo de Ministros, en las próximas semanas la senda de objetivos de estabilidad llegará al Congreso de los Diputados para ser debatidos y votados en el que será el segundo intento para su aprobación. Para lograr los apoyos necesarios el Gobierno se encuentra en negociaciones con el resto de formaciones parlamentarias que en junio apoyaron la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa.

Sin embargo, el hipotético visto bueno de la Cámara Baja a la senda de déficit y deuda del Gobierno no supondría su aprobación definitiva, ya que también debe ser validada por el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. En este sentido, desde el Ejecutivo resaltan la anomalía que supone que la Ley de Estabilidad sea la única norma en la que el veto del Senado no se puede revocar en el Congreso.

Por ello, en el marco de las negociaciones, el principal aliado del Gobierno en la Cámara Baja, Unidos Podemos, ya ha anunciado un acuerdo, aún no confirmado por el Ejecutivo, para reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria con el objetivo de evitar el veto de la Cámara Alta.

El Ejecutivo necesita la aprobación de los nuevos objetivos de déficit y deuda para poder elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2019 con un mayor margen de gasto, ya que de lo contrario tendrá que diseñar las cuentas basándose en los objetivos marcados por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy.