La Comisión General de Secretarios y Subsecretarios de Estado abordará el asunto en una reunión en el Palacio de la Moncloa a partir de las 17 horas que estará encabezada por la vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo.

El debate en esta comisión conformada por los segundos y terceros niveles de los ministerios del Ejecutivo es el paso preceptivo y habitual que debe producirse antes de que llevar una decisión al Consejo de Ministros para ser aprobada.

Tanto el ministro de Cultura, José Guirao, como la portavoz del PSOE en el Congreso y visecretaria general del partido, Adriana Lastra, han confirmado públicamente esta semana que el Consejo de Ministros de este viernes aprobará un "real decreto ley" que amparará legalmente la exhumación de los restos mortales de Franco, que fue enterrado hace casi 43 años en el Valle de los Caídos.

El Gobierno considera que hay motivos suficientes para adoptar esta decisión mediante esta fórmula, reservada constitucionalmente para medidas excepcionales y urgentes que deben estar correspondientemente justificadas.

De este modo, el gabinete socialista de Pedro Sánchez pretende que la exhumación del dictador “se pueda aplicar cuanto antes” y evitar así “demandas judiciales que retrasen la medida”.

Las demandas judiciales que el Ejecutivo pretende evitar son las de la familia, que en los dos últimos meses ha manifestado su oposición a la medida y que incluso ha amenazado con acciones legales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya afirmó a principios de agosto que la exhumación de los restos de Francisco Franco tendría lugar "muy pronto", puesto que los planes iniciales del Ejecutivo eran proceder en el mes de julio.

En la rueda de prensa que Sánchez ofreció en el Palacio de la Moncloa antes de irse de vacaciones, señaló que "lo que importa es que se haga con todas las garantías" y precisó que "eso es lo que está haciendo el Gobierno” para evitar problemas posteriores.

"La decisión política está tomada y el Gobierno va a hacer cumplir el mandato del Congreso de los Diputados”, dijo en alusión a la proposición que se aprobó en mayo de 2017 y que exigía la exhumación de los restos del dictador y del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera.

Diez días antes, Sánchez apeló a los familiares de Francisco Franco para que reconsiderasen su negativa a hacerse cargo de los restos del dictador que el Gobierno va a exhumar en el Valle de los Caídos.

“Estamos terminando el método jurídico. Vamos a dar la orden en breve y se va a aprobar en Consejo de Ministros”, aseguró el presidente hace casi un mes en una entrevista en el digital ‘El diario.es’, en la que se reafirmó en que "una democracia como la española no puede permitirse monumentos franquistas" porque "se ha tardado mucho tiempo en exhumar los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos”.

El Gobierno admite desde principios de julio que este es el principal problema, dado que los herederos de Franco se niegan a retirar los restos de su ubicación actual en la Basílica del Valle de los Caídos e incluso han amenazado con emprender acciones legales de las que el Consejo de Ministros pretende protegerse con la modificación legal que pretende aprobar este viernes.

Para ello, los expertos jurídicos del Gobierno llevan semanas analizando el caso y preparando una respuesta segura que dote de un "armazón legal" a la decisión anunciada por Pedro Sánchez nada más tomar posesión al frente de La Moncloa a principios de junio.

EL PRECEDENTE DE SANJURJO

El propósito es amparar con ello la decisión política de exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, para evitar que se produzca una sentencia de los tribunales similar a la del caso que afectó al general José Sanjurjo.

Después de que el Gobierno anunciara su “determinación política” de exhumar a Franco, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Pamplona, Antonio Sánchez, ordenó en julio devolver los restos del general Sanjurjo al monumento a los caídos de Pamplona del que fueron exhumados en noviembre de 2016, junto a los del general Mola y otros seis combatientes franquistas.

Desde entonces, el Ejecutivo de Sánchez está buscando la “fórmula jurídica” que impida que con la exhumación de Franco pueda darse algún resquicio legal que de pie a iniciativas legales como la que se produjo con Sanjurjo.

La exhumación de Sanjurjo se llevó a cabo tras un acuerdo entre el Arzobispado y el Ayuntamiento de Pamplona, que pactaron que la cripta del monumento dejara de ser un lugar de enterramiento. La sentencia estimó el recurso presentado por la hija del general franquista.

El juez rechazó el acuerdo del Consistorio con el Arzobispado de Pamplona para clausurar el cementerio ubicado en el monumento a los caídos y negó que mantener allí los restos contravenga la Ley de Memoria Histórica porque "la condición de las personas que allí se encontraban enterradas no puede tomarse como mención o símbolo (de exaltación franquista)".