Según informó este jueves la citada asociación, el proyecto de real decreto por el que se regulan y modifican aspectos relativos a la generación de electricidad en régimen especial pone en peligro el cumplimiento de las directivas de la Unión Europea, vulnera el principio de la seguridad jurídicas de la inversión y desarrolla medidas coactivas que ponen en peligro el futuro de la industria fotovoltaica.

El Consejo de Estado debe informar sobre el citado real decreto por procedimiento de urgencia.

Por ello, AEF le ha presentado una serie de alegaciones que "reflejan el sentir de todo el sector fotovoltaico de que las medidas que, de nuevo, propone la Secretaría de Estado de Energía contravienen razones de interés público, menosprecian los beneficios medioambientales de la energía fotovoltaica, alteran sustancialmente los objeticos de planificación e ignoran la contribución a la necesaria seguridad y diversificación del suministro energético en España".

Las empresas fotovoltaicas ponen de relieve en sus alegaciones que un recorte del 45% en las primas aplicables a las instalaciones en suelo supone no respetar el principio de rentabilidad razonable que proclama la Ley del Sector Eléctrico.

A su juicio, "causarán una moratoria plurianual, con lo que se sitúa en un estado de asfixia y crisis empresarial y laboral a la industria fotovoltaica, agravando las circunstancias negativas suscitada por la incertidumbre regulatoria de lo que va de año 2010".