El titular en funciones de esta institución, Francisco Fernández Marugán, lo considera un “acuífero sobreexplotado” y exigió medidas para evitar “daños irreversibles o de difícil reparación” en el espacio natural de Doñana, ya que las soluciones “no pueden posponerse indefinidamente en los sucesivos planes hidrológicos”.

A juicio del Defensor, los acuíferos de Almonte, Marismas y Rocina manifiestan “deterioros significativos" de las aguas. Por ello, también pidió al organismo encargado de la administración y control que garantice el uso sostenible de los acuíferos mediante un programa de actuación.

Esta sugerencia del Defensor del Pueblo se enmarca en una actuación de oficio para comprobar las actuaciones acometidas por la confederación hidrográfica para frenar la tendencia de continuo descenso de los niveles de aguas subterráneas en el antiguo acuífero Almonte-Marismas, hoy dividido en cinco masas de agua subterránea distintas, como consecuencia de las extracciones para usos agrícolas.

El mal estado de las aguas ya había sido advertido en los informes elaborados por la Delegación Institucional de Andalucía del CSIC, aportado por el Defensor del Pueblo Andaluz, y por la propia CHG.

En este sentido, el Defensor del Pueblo puso en duda que la confederación hidrográfica “esté ejerciendo con suficiente decisión las funciones que tiene atribuidas por la legislación de aguas”, y reprochó que el organismo la falta de información sobre, por ejemplo, el número de pozos ilegales.