Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ejecutivo expresó su reconocimiento a la labor del hasta ahora Alto Comisionado, Zeid al-Hussein, que ha tenido que afrontar “complejos retos” en materia de derechos humanos.

El Gobierno subrayó su apoyo a la labor que desempeña la Oficina de la Alta Comisionada en el “convencimiento de que el sistema universal de promoción y protección de los derechos humanos basado en el diálogo y cooperación entre los Estados permite avanzar en la garantía del ejercicio pleno de estos derechos”.

A su vez, destacó que España es “firme defensora” de “preservar la integridad y credibilidad” del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y apoyará los esfuerzos de la Oficina de la Alta Comisionada para mejorar su efectividad.

Recordó que España, en su condición de miembro del Consejo de Derechos Humanos, impulsa acciones e iniciativas relacionadas con la lucha contra la pena de muerte, la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, la lucha contra la discriminación y el logro de una igualdad de oportunidades real y efectiva, incluyendo la promoción de los derechos de mujeres y niñas, la defensa y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales, entre los que se encuentran los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, la promoción de la democracia y el Estado de Derecho, o la lucha contra el racismo, la xenofobia y los delitos de odio.