De la Mata asumió el pasado 26 de julio la competencia de la investigación de esta presunta macroestafa, que se coordinará centralizadamente desde la Audiencia Nacional, por presuntos delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones, contra la salud pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. En este periodo, varios juzgados territoriales ya se han inhibido en favor de la Audiencia Nacional.

El número de perjudicados podría alcanzar decenas de miles. Los registros de hoy, en busca de documentación tanto societaria como de historiales clínicos de pacientes, cuyos datos son especialmente sensibles, se han realizado en un total de 17 clínicas, cinco de ellas en Andalucía (Almería, Cádiz, Sevilla, Córdoba y Málaga), cinco en la Comunidad Valenciana (Valencia, Alicante, Castellón, Elche y Alfafar), tres en Cataluña (Barcelona, Girona y Tarragona), y una en Zaragoza, Gijón, Palma de Mallorca y Murcia.

Los registros han sido llevados a cabo en coordinación con la Comisaría General de Policía Judicial, en concreto por agentes de la UDEF y la UDEV, así como con mossos en el caso de las clínicas registradas en Cataluña.

Según señalan las primeras investigaciones, tras el colapso de iDental en octubre, una sociedad de inversión llamada Weston Hill Asset Management se hizo con el cien por cien del grupo empresarial por 25 millones de euros con la finalidad de reflotar la sociedad, pero manteniendo, según las investigaciones policiales y judiciales coordinadas por la Audiencia Nacional, el mismo modelo de negocio.

La sociedad de inversión se dedica a la adquisición de sociedades en situación poco favorable y a maximizar la inversión a corto plazo. Se trataría, según los indicios obrantes en la investigación, de fondos ‘distressed’ o ‘holdouts’, vulgarmente denominados fondos ‘buitre’.

Además, Weston Hill también posee la cadena de clínicas odontológicas Institutos Odontológicos (IO), que podría haber sido beneficiaria del material e instrumental obtenido en la compra de iDental.

‘MODUS OPERANDI’

Según las investigaciones, el funcionamiento diario de las clínicas habría consistido en ofertar tratamientos odontológicos a personas de ingresos medios o bajos con el reclamo de concederles importantes descuentos amparados en supuestas subvenciones. El objetivo de dirigirse a esta franja de población era la de captar fondos derivados de la financiación de los tratamientos bucodentales mediante créditos al consumo.

El precio de los tratamientos era financiado por entidades de crédito, actuando iDental como intermediario y siendo beneficiario directo de los fondos, quedando el cliente/paciente como deudor de la entidad financiera, mientras que iDental quedaba libre de cualquier responsabilidad fuera del tratamiento.

La sociedad usaba, según los investigadores, técnicas muy agresivas de marketing, bajando drásticamente los precios iniciales. Una vez que iDental cobraba el total de lo financiado, y el cliente comenzaba a pagar las cuotas, las denuncias de perjudicados señalan que o bien no se iniciaba el tratamiento con disculpas y anulaciones de citas, o se iniciaban los mismos siguiendo múltiples denuncias de mala praxis.

El objetivo de las dilaciones era que venciese el periodo estipulado para que el cliente pudiese rechazar el tratamiento y su financiación. Cuando llegaba a pedirse por el cliente la anulación de las financiación y el reintegro del dinero, los responsables volvían a inasistir a las citas. Además, los clientes sufrían en ocasiones lesiones por tratamientos inadecuados con materiales de mala calidad o carencia de los mismos.

También se ha denunciado que el personal era no cualificado y sin experiencia, y que se produjeron amenazas y coacciones por parte del departamento de calidad de iDental. El modelo de negocio habría colapsado en octubre de 2017 por las deudas contraídas con los proveedores, ocasionando que los empleados no cobraran su nómina y los pacientes no recibieran su tratamiento.