La organización recordó que ninguna legislación interna puede vulnerar normas y estándares internacionales de derechos humanos, e insta a la derogación de la disposición adicional de la Ley de Seguridad Ciudadana “que permite las devoluciones en frontera sin acceso al procedimiento adecuado y que es la legislación a la que alude el ministro para hacer sus declaraciones”.

Virginia Álvarez, experta en migración de Amnistía Internacional España, subrayó que “las expulsiones sumarias y colectivas están prohibidas, de acuerdo al Convenio Europeo de Derechos Humanos y la legislación comunitaria, y cualquier alegación de expulsión colectiva debe ser inmediatamente investigada”.

“A pesar de sus obligaciones internacionales de derechos humanos, las autoridades españolas continúan expulsando a través de la valla fronteriza a personas migrantes y a posibles solicitantes de asilo", añadió. "Esta práctica vulnera las normas internacionales y la propia legislación española, que obliga al acceso a los procedimientos individualizados de asilo que permitan identificar si estas personas necesitan protección internacional”.

A su juicio, “estas expulsiones podrían vulnerar el principio de no-devolución, que prohíbe a los Estados devolver -directa o indirectamente- a una persona a un lugar donde su vida, su integridad o su libertad puedan correr peligro”.