El Gobierno considera necesario aprobar con carácter “urgente” este plan, para que “se convierta en la principal herramienta” para luchar contra el fraude laboral. El objetivo principal que persigue es recuperar derechos laborales y mejorar la calidad en el empleo.

El documento pretende “dar un giro cualitativo” a las actuaciones desarrolladas hasta ahora por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y que las comunidades autónomas tengan un papel “central” para las medidas que se pongan en marcha.

MEDIDAS PREVISTAS

El plan integra 55 medidas operativas y 20 organizativas y de coordinación institucional entre administraciones e incide en que se dirige “contra los empresarios que abusan y violan las leyes, no contra las empresas que cumplen con sus obligaciones”. Además, prevé el impulso de medidas normativas enmarcadas en el diálogo político en el Parlamento y el diálogo social.

Destaca el desarrollo de dos planes de choque que se pondrán en marcha en agosto de este año para luchar contra el fraude en la contratación laboral y contra los “abusos” en la contratación a tiempo parcial.

Entre otras medidas, destaca la intensificación de actuaciones por parte de la Inspección en caso de trabajadores afectados por subrogaciones empresariales y que sufren una merma en sus salarios, la realización de un “especial seguimiento de incumplimientos salariales de determinadas empresas multiservicios” o la creación de la Unidad de Lucha contra la Discriminación para impulsar medidas contra la discriminación en el acceso al empleo o la promoción.

El plan también contempla visitas de la Inspección en horas nocturnas, fin de semana o festivos para evitar que en esas franjas horarias prolifere el trabajo no declarado, visitas de la Inspección para detectar ‘falsos autónomos’, regularizar la situación de los ‘falsos becarios’, garantizar el ejercicio del derecho de huelga o poner en marcha una herramienta de lucha contra el fraude que permita identificar los perfiles de presuntos responsables de fraude.

TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

Entre las iniciativas destinadas a colectivos específicos como es el de los trabajadores con discapacidad se incluye mantener la campaña anual de la Inspección para cumplir con la cuota de reserva del 2%, combatir las discriminaciones que afectan a personas con discapacidad y controlar las que se puedan producir en centros especiales de empleo pertenecientes a grupos que realizan la misma actividad que trabajadores de otras empresas del mismo grupo, y que sin embargo perciben salarios inferiores al convenio colectivo de la empresa cliente o del sector. A estas se suman acciones de sensibilización para concienciar de las ventajas de contratar a personas con discapacidad.

El documento prevé que para llevar a cabo todas las acciones previstas se incorporarán, desde la aprobación del Plan y hasta 2020, un total de 833 nuevos inspectores y subinspectores, de los que 367 corresponden a procesos selectivos en marcha y 466 se incorporarán con las ofertas de empleo público para 2018, 2019 y 2020.

Esta iniciativa, que fue anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, poco después de llegar a La Moncloa, ha recibido las alegaciones tanto de la patronal como de los sindicatos. Los empresarios hacen una “enmienda a la totalidad” a este documento, mientras que las centrales valoran la “buena voluntad” pero lamentan la falta de más medios para llevarlo a cabo y piden un auténtico plan de lucha contra la explotación laboral.