Montón hizo estas declaraciones al término de la reunión del Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en la que se fijaron las cuantías de las subvenciones para el año 2018 a programas de interés social con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF.

La ministra anunció que “para seguir perfeccionando este reparto, en septiembre tenemos el compromiso de empezar a trabajar en una comisión técnica para establecer un nuevo modelo para la definición de las variables basado en el diálogo con las comunidades autónomas”.

251,9 MILLONES

La titular de Bienestar Social explicó en rueda de prensa que “en 2018 se repartirán 251.971.360 euros, 11,2 millones más que en 2017, de los que 49.282.767 euros corresponden al tramo estatal y 202.688.592 euros al tramo autonómico”.

En este Consejo Territorial de Servicios Sociales, el Ministerio y las autonomías acordaron que el tramo estatal será el 19,56%, frente al 80,44% del tramo autonómico. Estas subvenciones irán destinadas a la atención de las personas en situación de pobreza y exclusión social o que se encuentren en otras situaciones de especial vulnerabilidad.

Montón destacó que “hemos consolidado e incluso mejorado el reparto de ayudas del año pasado. El incremento de los fondos destinados a las autonomías se ha repartido a través de unos criterios más equitativos y a través de un proceso realizado con transparencia”.

Se han ponderado siete criterios objetivos: población, indice Arope (riesgo de pobreza y exclusión social), superficie, población dependiente, dispersión, grandes urbes e insularidad.

PROGRAMAS SOCIALES DE LOS PGE

Durante la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales también se aprobaron los criterios de distribución y cuantías resultantes de la misma a las comunidades autónomas y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para la realización de programas sociales consignados en los Presupuestos Generales del Estado.

A este respecto, se acordó destinar un importe de 60 millones de euros al Programa de Protección a la Familia y Atención a la Pobreza Infantil, 40 millones a las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, 412.500 euros para proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano, y 75.000 euros para el Plan Estatal del Voluntariado.

Carmen Montón afirmó que ninguna comunidad autónoma votó en contra de los dos puntos del orden del día, aunque sí se abstuvieron las comunidades gobernadas por el Partido Popular.

En cuanto a la universalidad de la sanidad, la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social confirmó que “ya es una realidad que se toca con la punta de los dedos”.