Así lo indicó en rueda de prensa tras reunirse en La Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un encuentro en el que también participaron los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo.

Los tripulantes de cabina (TCP) de Ryanair en España han convocado dos jornadas de huelga esta semana para exigir que no se les aplique la legislación laboral irlandesa sino la española, una protesta que también se ha replicado en otros países europeos. Según Visentini, Ryanair es una “compañía verdaderamente pirata, no es la única que incumple la legislación europea pero es un buen ejemplo para hablar de ello”.

Desde el CES, dijo su secretario general, se van a impulsar dos acciones: ofrecer protección legal a los trabajadores afectados y pedir a la Comisión Europea que intervengan en este asunto. En este sentido, apuntó que Bruselas ha intervenido en problemas que han planteado grandes compañías en materia fiscal, en referencia a las del sector digital como Google, Apple o Facebook.

“Los impuestos son muy importantes, pero también lo son los derechos sociales y laborales”, defendió Visentini, quien reclamó que la Comisión Europea “intervenga directamente para que los derechos sociales y laborales no sean violados. “Va a ser una lucha larga, pero la queremos continuar”, añadió.

Mientras, Sordo lamentó que en Europa se haya avanzado en materias como la integración fiscal, pero subrayó que “tiene que haber un marco de derechos laborales”.

“Es evidente que los trabajadores que están en un Estado miembro deben regirse por la legislación laboral” del mismo, y no se pueden deteriorar las condiciones al aplicar “una peor legislación o una más laxa” de otro país, como hace Ryanair con Irlanda, dijo. El responsable de CCOO añadió que “se debe garantizar el cumplimiento de la legislación y evitar que se den zonas de dumping laboral y fiscal”.

Por su parte, Álvarez señaló que con Ryanair “estamos ante una de las empresas más piratas” y que “lo lleva practicando desde hace muchos años”. Por ello, destacó la necesidad de “buscar una autoridad que le haga cumplir la ley”, ya que los tribunales europeos han confirmado que la legislación laboral que se ha de aplicar la legislación laboral de cada país en el que opera una empresa.

“No hay ninguna duda de que las leyes que aplican son las españolas”, dijo el secretario general de UGT, quien se mostró a favor de avanzar en directivas que “permitan poder ampliar ese marco de relaciones laborales” para “evitar situaciones indeseadas y represivas”.