Esos expertos son Bernard Duhaime, presidente-relator del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Fabián Salvioli, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, y Karima Bennoune, relatora especial en la esfera de los derechos culturales.

“Saludamos la iniciativa gubernamental y celebramos la apertura del diálogo sobre lo acontecido durante las décadas de guerra civil y dictadura militar en España”, indicaron los expertos en un comunicado, al tiempo que añadieron: “Esta decisión representa un paso fundamental hacia la realización del derecho a la verdad de todas las víctimas de graves violaciones de derechos humanos”.

Estas declaraciones de los expertos surgen tras el anuncio realizado por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en el Congreso de los Diputados de una batería de iniciativas en el marco de su propuesta de revisión de la Ley de Memoria Histórica, lo que permitiría crear una Comisión de la Verdad sobre las violaciones ocurridas durante la guerra civil y el franquismo.

En su informe de visita al país en 2014, el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no-repetición urgió a las autoridades a atender de forma urgente las demandas de las víctimas en términos de verdad y establecer un mecanismo para oficializarla.

“Nos complace ver que las autoridades españolas decidieron dirigir sus esfuerzos a la realización de esta importante meta, colocando el derecho a la verdad en un lugar privilegiado de la agenda política”, expresaron los expertos.

El proyecto de revisión legislativa también incluirá una propuesta de retirada de los símbolos de exaltación de la dictadura y la resignificación del Valle de los Caídos, erigido durante la dictadura franquista y en el cual se encuentran los restos de Francisco Franco.

Los expertos destacaron la importancia de los procesos de construcción y significación de la memoria histórica sobre violaciones pasadas y recordaron que “dichos procesos deben darse en un marco de transparencia y participación de la sociedad civil, centrarse en las víctimas y aportar el espacio necesario para exponer sus diversos relatos, y promover el pensamiento crítico sobre eventos pasados”.

DESAPARECIDOS Y EXHUMACIONES

Por otro lado, los expertos también celebraron la creación de la Dirección General para la Memoria Histórica, que se encargará, entre otros cometidos, de establecer planes de búsqueda de desparecidos y de hacer públicos los datos de las exhumaciones, así como de crear y mantener un censo oficial de víctimas.

En su informe de visita al país en 2013, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias había criticado la falta de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas, la falta de coordinación de las actividades de exhumación e identificación, y la desactualización de los mapas de fosas.

“Saludamos la intención del Gobierno de asumir su responsabilidad y un rol activo en la búsqueda de victimas desaparecidas y lo instamos a adoptar inmediatamente las medidas legislativas, administrativas y financieras necesarias para ejercer efectivamente esta función”, recalcaron.

Los expertos independientes de la ONU alentaron al Gobierno español a involucrar a las familias de las víctimas y sus asociaciones representativas en la implementación de estas propuestas.

“Esperamos que las iniciativas anunciadas estén acompañadas por avances judiciales, incluso con respecto a cualquier procedimiento penal que se lleve a cabo en cualquier país por las desapariciones forzadas cometidas en España”, agregaron.