Según la Consejería de Educación, la publicación antes del comienzo del curso escolar permitirá que las familias madrileñas conozcan si han resultado beneficiadas con estas ayudas antes de que comiencen las clases.

Las mismas fuentes explicaron que la Comunidad de Madrid ha incrementado en un 1,81% la cantidad destinada a estas becas, puestas en marcha en el año 2002 por el Gobierno regional y que tienen como objetivo facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias madrileñas.

Señalaron que el aumento del presupuesto destinado se ha traducido en un incremento del número de beneficiarios, que se han incrementado de 32.370 a 32.972 familias para el próximo curso escolar 2018/2019.

Asimismo, informaron de que en esta convocatoria se ha mantenido el establecimiento de un límite de 25.000 euros de renta per cápita familiar para ser beneficiario, cualquiera que sea la puntuación alcanzada, por lo que se prima la concesión a familias con menos ingresos.

También se han actualizado los tramos de renta per cápita familiar tenidos en cuenta para la obtención de puntuación por el criterio de ingresos familiares, equiparándolos a los utilizados en el proceso de admisión de centros públicos y, en consecuencia, elevándose dichos tramos.

Las cuantías de las ayudas serán de 100 o 160 euros mensuales, en función de la renta familiar del solicitante, y beneficiarán fundamentalmente a las familias en las que ambos padres trabajan. La beca se concederá para el período escolar comprendido entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de julio de 2019.

Para facilitar la gestión de las ayudas, el Ejecutivo regional entregará a los padres una tarjeta personalizada que será recargada mensualmente con el importe de la beca. Esta tarjeta se remite al domicilio de las familias con algún hijo beneficiario, debiendo presentar la tarjeta cada mes en la Escuela Infantil para que les apliquen el descuento del importe de la beca en su cuota mensual.

Este sistema de abono de las becas permite un mejor uso y control de los fondos públicos y evita la emisión de certificaciones en papel por parte de los centros para justificar la asistencia mensual de los alumnos.