Al frente de esta empresa se encuentra la profesora de Psicología de la UNED María Belén Gutiérrez Bermejo. El punto de partida de su creación radica en las numerosas investigaciones que demostraron que las personas con discapacidad intelectual conforman un colectivo especialmente vulnerable y de alto riesgo frente al maltrato. Protedis abrirá el próximo mes de septiembre.

“En el caso del abuso sexual, por ejemplo, hay autores que estiman que entre el 68% y el 83% de las mujeres con discapacidad intelectual serán abusadas a lo largo de sus vidas, en contraste con una estimación del 18% de las mujeres en general”, explicó Gutiérrez Bermejo.

A esta realidad se suma una creciente demanda de servicios y productos específicos para trabajar en este ámbito. Tal y como se recoge en el informe de propuesta de ‘spin-off’ presentado por la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UNED, diferentes asociaciones requirieron de los servicios de la universidad “para realizar formación, evaluaciones e intervenciones en sus centros”, todo ello motivado por la existencia de “una gran sensibilidad en administraciones públicas y asociaciones”.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

La directora de Protedis sostuvo que la nueva empresa “es un servicio de protección a las personas con discapacidad intelectual que tiene varias ramificaciones en su ejecución”. “Por un lado, enlaza con la implantación a nivel nacional de un Plan de Prevención y Actuación ante el Maltrato, en los centros de atención a personas con discapacidad intelectual, que ya se está desarrollando en 12 centros en el País Vasco y que empezará a implantarse en otras comunidades autónomas a partir de septiembre”, explicó.

Asociado a este plan, Protedis desarrollará un procedimiento de acreditación en buen trato que concederá sellos de calidad a los centros que cumplan unos estándares de actuación.

“Para ello”, señaló Gutiérrez Bermejo, “desde Protedis se desarrollarán instrumentos de evaluación en maltrato que cumplan con las garantías científicas para poder ser utilizados con seguridad y eficacia y se crearán unidades de atención a víctimas y agresores con discapacidad intelectual”.