Según informó el Ministerio de Fomento en un comunicado, “la resolución se acuerda en razón de su situación de insolvencia y del inicio de la fase de liquidación de la sociedad concesionaria, tal y como establece la Ley de Contratos del Sector Público”.

Con carácter previo al acuerdo del Consejo de Ministros, se habían llevado a cabo los trámites necesarios para la resolución del contrato, como los de audiencia al contratista, informe de la Abogacía del Estado o Dictamen del Consejo de Estado.

De esta manera, en los próximos meses se procederá a liquidar el contrato y se determinará la cantidad conocida como responsabilidad patrimonial de la administración (RPA).

Con este acuerdo, pasan a ser siete los contratos concesionales de autopistas de peaje con problemas financieros cuya resolución ha sido acordada por el Consejo de ministros, tras los aprobados la semana pasada, correspondientes a las concesiones de las autopistas R-2, R-4, R-3 y R-5, M-12, AP-36 (Ocaña – La Roda) y AP-7 (Cartagena – Vera).

Para poder continuar con la prestación del servicio, el Consejo de Ministro ya aprobó en el mes de agosto del año pasado el convenio de gestión directa entre el Ministerio de Fomento y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, Seittsa, que permitía que dicha entidad se hiciese cargo de la explotación.

En dicho convenio, se autorizaba a la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje a fijar la fecha del inicio de la explotación por Seittsa, que asumió la explotación de la autopista de peaje de Circunvalación de Alicante el 1 de abril de 2018.