Esta red ha encontrado un anuncio en el que se solicita un “director de proyecto para apertura e implantación de un servicio de maternidad subrogada”. "Queda claro que no se trata exactamente de un puesto vinculado a una clínica que lleve adelante el proceso que conlleva el alquiler de vientre, sino de un puesto vinculado a un bufete de abogados del que se desconoce el nombre, y que se dedicaría a la intermediación tal y como anuncian los citados portales de empleo", explica la organización.

Según se explicita en el anuncio, en el puesto ofertado la persona contratada debería realizar las siguientes tareas: “Implementación de colaboraciones con los distintos actores involucrados (clínicas médicas, coordinadores locales, servicios de alojamiento y transporte, etc.); establecimiento de protocolos de actuación, desde la fase inicial hasta la legalización en España de la paternidad; organización y dirección del personal; fijación de objetivos; seguimiento y

control de la página web en construcción y establecimiento de una campaña publicitaria".

El anuncio, añade la Recav, va dirigido a personas con estudios universitarios “preferiblemente en el ámbito de legal o dirección y organización de empresas, con experiencia de al menos dos años en desarrollo de proyectos, preferiblemente relacionados con la temática de la maternidad subrogada y con don de gentes, buena presencia y afán de superación”.

Para la Recav, “el desempeño de este trabajo supondría la perpetración de un delito que estaría penado por el Código Civil, que en su artículo 220.1, 2 y 3”, que tipifica como delito la entrega, intermediación y recepción de un hijo por un precio determinado.

La Recav recuerda que la pena es de hasta cinco años de cárcel, aunque la “transacción” se realice en territorio extranjero. Para esta plataforma, la oferta de trabajo denunciada conlleva “un contrato ilícito, por lo que es nula de pleno derecho”.

Por estas razones, la red de asociaciones pide al Gobierno de Pedro Sánchez que aplique la ley y "actúe para eliminar el citado anuncio, y que de manera general se legisle para prohibir la publicación de anuncios similares y se emitan instrucciones a Inspección de Trabajo para que comunique a las agencias de empleo que las publicaciones de dichos anuncios vulneran la ley española".