Guirao manifestó en la toma de posesión de la nueva directora general del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), Beatriz Navas, que la nueva regulación, que entrará en vigor al día siguiente a su publicación, ha sido consensuada con los agentes del sector y recoge la gran mayoría de sus demandas.

La orden ministerial incluye ayudas generales a la producción de largometrajes sobre proyecto, destinadas a producciones que poseen un carácter más comercial e industrial, con un presupuesto superior a 1,3 millones de euros.

Entre las novedades más destacadas que presenta figura que se fomenta la producción de largometrajes de carácter documental y de las coproducciones internacionales con países iberoamericanos y que pasa de 400.000 a 300.000 euros en el caso de los documentales y de 700.000 a 300.000 euros en el de las coproducciones con Iberoamérica.

Además, se flexibiliza el requisito del estreno del largometraje en salas de exhibición, permitiendo que no deba ser necesariamente simultáneo; se aumenta la puntuación mínima exigida para el acceso a las ayudas (pasa de 35 a 50), pero se incrementa la cantidad de ayuda a percibir en función de lo solicitado, permitiendo que como mínimo se pueda acceder al 75% de la ayuda solicitada; se fomenta la presencia de mujeres en la producción cinematográfica, al aumentar el número de puntos la participación femenina en la misma (de 4 pasa a 7) y se incrementa la puntuación otorgada a los proyectos de animación en una clara apuesta por este sector (de 1 pasa a 3).

A todo esto se añaden las ayudas selectivas a la producción de largometrajes sobre proyecto, destinadas a proyectos con un especial valor cinematográfico cultural o social, a proyectos de carácter documental (que poseen una reserva específica de la dotación total de la línea de entre el 15 y el 25%), a proyectos de carácter experimental y a proyectos que incorporen a nuevos realizadores. El presupuesto máximo de estos proyectos debe ser de 1,8 millones de euros.

Las ayudas a la distribución: se incluye como gasto subvencionable a las medidas adoptadas contra la piratería, como: sistemas de prevención y protección contra accesos y descargas ilegales o no autorizados, seguimiento y vigilancia en redes sociales, etc.