Según informó la Comisión, Google debe ahora poner fin “de manera efectiva” a esta conducta en un plazo de 90 días o hacer frente a multas coercitivas de hasta el 5% del volumen de negocios mundial medio diario de Alphabet, la sociedad matriz de Google.

En particular, la Comisión explicó que Google ha obligado a los fabricantes a preinstalar la aplicación Google Search y el navegador Chrome como condición para conceder la licencia de su tienda de aplicaciones, Play Store; ha realizado pagos a determinados grandes fabricantes y operadores de redes móviles a condición de que preinstalaran exclusivamente la aplicación Google Search en sus dispositivos; y ha impedido a los fabricantes que deseaban preinstalar aplicaciones de Google vender un solo dispositivo móvil inteligente que funcione en versiones alternativas de Android no aprobadas por Google.

La comisaria Margrethe Vestager, responsable de la Política de Competencia, afirmó que “Google ha utilizado Android como vehículo para consolidar el dominio de su motor de búsqueda. Estas prácticas han privado a sus competidores de la posibilidad de innovar y competir en función de sus méritos. Han impedido a los consumidores europeos beneficiarse de una competencia efectiva en un ámbito tan importante como el móvil. Esto es ilegal con arreglo a las normas de defensa de la competencia de la UE”.

La decisión de la Comisión se refiere a tres tipos específicos de restricciones contractuales impuestas por Google a fabricantes de dispositivos y operadores de redes móviles, que le han permitido utilizar Android como vehículo para consolidar el dominio de su motor de búsqueda. La Comisión aclara que su decisión no cuestiona el modelo de fuente abierta o el sistema operativo Android como tal.

La decisión de la Comisión concluye que estos tres tipos de abuso forman parte de una estrategia global de Google para consolidar su posición dominante en la búsqueda general en internet en un momento en el que la importancia de la internet móvil estaba creciendo de manera significativa.

Como mínimo, Google debe interrumpir y no volver a participar en ninguno de los tres tipos de prácticas. La decisión también exige a Google que se abstenga de adoptar cualquier medida cuyo objeto o efecto sea idéntico o equivalente a esas prácticas.