A principios de este mes, y una vez que el Gobierno ya había anunciado la “determinación política” de exhumar a Franco, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Pamplona, Antonio Sánchez, ordenó devolver los restos del general Sanjurjo al monumento a los caídos de Pamplona del que fueron exhumados en noviembre de 2016, junto a los del general Mola y otros seis combatientes franquistas.

El Ejecutivo, según fuentes gubernamentales, está buscando la “fórmula jurídica” que impida que con la exhumación de Franco pueda darse algún resquicio legal que de pie a iniciativas legales como la que se produjo con Sanjurjo. Puesto que Francisco Franco tiene siete descendientes (nietos), desde el Gobierno se está “hablando” con la familia para hacer esta exhumación con todos los requerimientos legales.

La exhumación de Sanjurjo se llevó a cabo tras un acuerdo entre el Arzobispado y el Ayuntamiento de Pamplona, que pactaron que la cripta del monumento dejara de ser un lugar de enterramiento. La sentencia, que será recurrida por el Ayuntamiento, estimó el recurso presentado por la hija del general franquista.

El juez rechazó el acuerdo del Consistorio con el Arzobispado de Pamplona para clausurar el cementerio ubicado en el monumento a los caídos y niega que mantener allí los restos contravenga la ley de memoria histórica porque "la condición de las personas que allí se encontraban enterradas no puede tomarse como mención o símbolo (de exaltación franquista)".