En su respuesta, el Gobierno explica que el pasado 23 de febrero se pidió a los directores de centros penitenciarios que informaran sobre los presos de ETA que hubieran pedido progresión de grado, permisos, destinos, participación en programas de tratamiento y actividades, y actualización y notificación de los programas individualizados de tratamiento (PIT), así como "cualquier otro indicio indicativo de aceptación de las vías legales facilitadoras de su reinserción".

"La información fue pedida a todos los Centros Penitenciarios y forma parte de la actividad de gestión habitual y normalizada que se recaba y contrasta para disponer de un conocimiento individualizado de todos los internos que están incluidos en el Fichero penitenciario de internos de especial seguimiento (FIES), no solamente de los internos pertenecientes a la organización terrorista ETA. Esa información solicitada ha sido recibida en tiempo y forma, así se analiza y se contrasta y sobre la misma se adoptan aquellas decisiones de la Administración Penitenciaria que conforman el modelo de cumplimento de la condena, previsto en nuestro ordenamiento penitenciario. Todo ello, dentro del modelo individualizado de ejecución penal previsto en el artículo 72.1 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria", explica el Ejecutivo.

El Gobierno precisa que los datos solicitados a los directores de todos los centros penitenciarios "vienen referidos a todos los internos de la organización terrorista ETA", y uno de ellos era sobre los internos que hubieran pedido actualización y notificación de los PIT. "El fin de la solicitud de esta información, como se evidencia en la misma, es mantener actualizado el fichero penitenciario de los internos de especial seguimiento. Nada tiene que ver con la posible elaboración de ningún listado de presos susceptibles de ser acercados a las prisiones vascas, que ni existe ni se está elaborando", asegura.

Precisa, además, que no ha habido "ninguna urgencia" en esa solicitud de información, y que el hecho de indicar una fecha concreta "es una forma de proceder habitual en la gestión penitenciaria, que tiene como objetivo evitar que los informes que se solicitan se demoren en su confección y pierdan, por tanto, vigencia y actualidad, por lo que expresamente, se concreta una fecha para su remisión".

El Gobierno insiste en que es "algo habitual y normalizado" solicitar informes a los directores de prisiones que está establecido en la propia norma que regula el Fichero y en distintas Circulares e Instrucciones de la Administración Penitenciaria" porque no mantener actualizado ese Fichero sería "una irresponsabilidad" de la institución penitenciaria. "El Gobierno va a seguir aplicando la legalidad penitenciaria", concluye.