En su comparecencia ante la comisión del ramo del Congreso de los Diputados, Duque admitió “no tener una solución mágica” para ello, ya que dependerá “del volumen final de financiación con que contemos”. Se trata de “un asunto delicado”, dijo, pero destacó la importancia de facilitar el acceso “para que los mejores talentos lleguen a la Universidad”.

Asimismo, avanzó que diseñará un nuevo modelo de ayudas y becas al estudio en colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que “fomente la equidad garantizando los principios de transparencia y concurrencia”.

Este nuevo modelo, manifestó, debe “facilitar el acceso y la permanencia en los estudios universitarios” a los alumnos con menos recursos.

Por ello, junto a las comunidades autónomas, que “son las que tienen las competencias", pidió “redefinir globalmente la política de costes de las matrículas, con la pretensión de garantizar la capacidad de la Universidad de ser un espacio de igualdad real de oportunidades y de promoción social de los ciudadanos y ciudadanas”, subrayó.

En cuanto al decreto de becas para el presente curso, Duque justificó el mantenimiento del modelo actual “por la urgencia en sacarlo adelante, para no perjudicar a miles de estudiantes”, pero insistió en su voluntad de reformarlo.

NUEVA LEY

Asimismo, el ministro aseguró que “es compromiso de este Gobierno iniciar el diálogo para proponer una nueva Ley de Universidades, de modernización e internacionalización, comprometida con la educación pública y que garantice que ningún talento se malogra por falta de recursos. Abrimos el camino para que toda la comunidad universitaria participe en ese debate esencial, a fin de que antes de que finalice la legislatura este Ministerio haya recorrido un camino suficiente para preparar la nueva ley”.

Pedro Duque no precisó detalles sobre la nueva norma con el argumento de que primero quiere “escuchar a la comunidad universitaria”, y reconoció que la brevedad de la legislatura no le permite asegurar hasta qué grado de desarrollo podrán llegar.

Sí manifestó su voluntad de “construir una política de consenso social, académico y político, con una interlocución permanente con los actores implicados en la política universitaria (gobiernos autonómicos, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, las Conferencias de Consejos Sociales de las Universidades, organizaciones empresariales, organizaciones de trabajadores, grupos parlamentarios, representantes estudiantiles y asociaciones civiles y profesionales)”.

Por otra parte, se comprometió a impulsar un programa específico para la mejora y promoción del Personal Docente e Investigador (PDI), “que reforme de manera sostenible la carrera del profesorado universitario”.

También anunció que la convocatoria del conjunto de las plazas estructurales se hará pública en un registro único de todas las universidades, y que se adoptarán “medidas urgentes que hagan frente al envejecimiento existente en las plantillas universitarias”.

Asimismo, avanzó la creación de un Estatuto Básico del Profesor Asociado, que impida el “abuso” de esta figura y “delimite sus funciones”.

Por último, defendió una reforma del sistema de acreditación del profesorado, tras “un amplio proceso de negociación y diálogo con el Consejo de Universidades, los rectores, la Conferencia General de Política Universitaria y la Agencia Nacional de Acreditación (Aneca)”.