Así lo anunció este miércoles la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, durante su comparecencia ante la comisión correspondiente del Congreso , donde explicó sus principales líneas de actuación en la presente legislatura. Celaá aclaró que “la Lomce entera no se puede derogar, pues nos quedaríamos sin legislación educativa (en realidad, esta es una modificación de la norma anterior, la LOE)”.

“Planteamos una serie de reformas para acabar con sus efectos más perturbadores” como la “segregación temprana”, “el papel de la Religión o las reválidas”, explicó. Así, Religión dejará de “ser computable a efectos de calcular la nota media del curso” y, por tanto, “tampoco tendrá efectos académicos de cara a la solicitud de becas o ayudas”.

También avanzó la creación de una asignatura obligatoria llamada Valores Cívicos y Éticos, que en el diseño curricular sustituirá a la materia de Religión y su asignatura espejo (Valores Sociales y Culturales en Primaria y Valores éticos en ESO), entre las que los alumnos debían elegir de forma obligatoria según la Lomce.

De acuerdo con la Constitución , “los centros tendrán la obligatoriedad de ofertar Religión y los alumnos la libertad de elegirla o no”, subrayó. “Por eso, se suprimirá el actual diseño curricular", porque “la libertad de unos alumnos de estudiar religión no debe obligar a otros a cursar las llamadas asignaturas espejo”. Religión pasará a formar parte del amplio bloque de optativas.

En cuanto a los centros concertados, la ministra señaló que se modificará el artículo de la Lomce que vincula la ordenación escolar a “la demanda social”, que en algunos casos “se ha utilizado como eufemismo para desviar recursos de la escuela pública a centros privados”. “La escuela pública será el eje vertebrador de todo el modelo”, dijo Celaá.

En esta línea, indicó que se “abrirá un proceso de diálogo con aquellos centros concertados que segregan al alumnado por razón de sexo”, bajo el convencimiento de que “la coeducación es un modelo mucho más educativo y adecuado”.

Con todo, la ministra reconoció que una sentencia del Tribunal Constitucional avala la legalidad de concertar estos centros, y no aclaró qué ocurrirá finalmente con ellos. Sí precisó que “son muy pocos”, ya que “la gran mayoría cumplen perfectamente la función social para la que fueron creados”.

NI SEGREGACIÓN NI REVÁLIDAS

La ministra también modificará la Lomce para suprimir la Formación Profesional Básica y los itinerarios tempranos, establecidos a través de los programas de refuerzo a los que alumnos de bajo rendimiento pueden acceder en segundo y tercero de la ESO. “Apostamos por la diversificación curricular, pero no por un modelo segregador que aparta del sistema a los alumnos a los 13 o 14 años”, indicó. Su nuevo modelo comprendería un sistema "más flexible, con varias pasarelas" que faciliten el tránsito entre unas etapas y otras, a fin de evitar las vías muertas.

Otro punto en que se reformará la Lomce será el referido al de las evaluaciones de final de etapa, “las llamadas reválidas”, que se suprimirán de forma definitiva. Sí se mantendrá el diseño de la Evau para el acceso a la universidad.

Asimismo, señaló la reforma de los artículos que regulan el funcionamiento de los centros y la elección del director, a fin de “recuperar la función de los consejos escolares y devolver la democracia a los centros”.

FIN DE LOS RECORTES

Celaá reiteró que se derogará el Decreto 14/2012 de racionalización del gasto educativo que supuso el aumento de las ratios máximas de alumnos por aula, de la jornada lectiva del profesorado y del número de días en que una baja laboral puede permanecer sin ser cubierta (subieron de 10 a 15).

Parte de este decreto había sido ya derogado, admitió, pero en muchos casos, lo referente a las ratios, a la jornada lectiva máxima de 21 horas y a las bajas sin cubrir seguía vigente. Celaá, que no precisó cuándo se llevará a cabo esa derogación, también avanzó que a partir de septiembre se trabajará para modificar el modelo actual de becas, a fin de aumentar su financiación y de agilizar el proceso de resolución y abono.

Por último, anunció la recuperación de un programa de cooperación territorial con las comunidades autónomas de lucha contra el abandono escolar, “algo similar al PROA, que tan buenos resultados dio en aquellos centros que lo pusieron en marcha”, y la implantación de otro programa junto a las comunidades de fomento de la educación de 0 a 3 años. Este se dirigirá a las familias en el 30% más bajo de la renta autonómica, explicó, y comprenderá también medidas de fomento de la parentalidad positiva.