El informe de Cosce destacó que “la ejecución total de los Presupuestos de 2017 fue del 29,7%, siendo la casi totalidad de los remanentes fondos financieros de más de 3.000 millones de euros. Mientras que la ejecución de los fondos no financieros (subvenciones) fue del 90,05% (es decir, se utilizaron 90 de cada 100 euros), la de los financieros (créditos) fue sólo del 18,11% (se utilizaron sólo 18 de cada 1.00 euros)”.

A este respecto, José de Nó, investigador científico de Cosce, afirmó en rueda de prensa que “las trabas administrativas impiden el acceso al cien por cien de estos recursos”. En cuanto a 2018, “el presupuesto de I+D+i este año aumenta en 548,17 millones de euros, lo que representa un 8,42 % más respecto a 2017. De estos, 232,25 millones de euros corresponden a fondos no financieros (subvenciones), que aumentan el 8,89 %. Los fondos financieros (créditos) aumentan en un porcentaje similar en el mismo período (8,10 %)”.

Sin embargo, en su informe anual sobre la inversión en I+D+i en los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2018, la Cosce destacó que los fondos no financieros (subvenciones) contemplados en los presupuestos de este año (2.844,35 millones de euros) “suponen escasamente un 67 % de los que se disponía en el año 2008 (4.238,28 millones de euros), a pesar de la modesta recuperación que este tipo de fondos ha tenido desde el año 2014”. Por ello, señaló que “es necesario un plan de crecimiento a largo plazo con el compromiso de mantenerlo ante cualquier circunstancia en I+D+i”.

Junto a este estudio, la Cosce presentó su informe ‘Decides’ (Debates sobre Ciencia y Desarrollo Económico y Social) que destaca “la situación de debilidad preocupante que presenta el sistema de ciencia en España ante la reducción financiera pública de la investigación científica”.

Frente a esta situación, la coordinadora de este informe y profesora de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid, Aurelia Modrego, recomendó de forma urgente “eliminar las trabas burocráticas; establecer una programación cierta y duradera de las convocatorias; reconsiderar los objetivos, estructura y funcionamiento de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), o del nuevo instrumento que la sustituya y consolidar un sistema de información de la ciencia que evite el exceso de páginas web que impiden la consulta”.

El informe valoró como una “señal de buenas intenciones” la reciente incorporación de un Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en la estructura ministerial del actual gobierno, aunque reconoció que “la tarea de este nuevo Ministerio no es sencilla ya que, para revertir el estado crítico en el que se encuentra la ciencia en España, es preciso tomar decisiones inmediatas. No solo se trata de recuperar los niveles competitivos internacionales sino de conseguir que la ciencia, la innovación y la educación superior sean los impulsores de reformas en el modelo económico y social español que mejoren la capacidad del sector productivo y las condiciones del mercado de trabajo, la prestación de servicios públicos de calidad y la reducción de las desigualdades sociales”.