En la PNL se indica que esta red debe estar adscrita a la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid. En la exposición de motivos, Llop expone que la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito tiene como finalidad la de “elaborar una ley constitutiva del estatuto jurídico de la víctima del delito para ofrecerles desde los poderes públicos una respuesta lo más amplia posible, no sólo jurídica sino también social y no sólo reparadora del daño en lo moral que su condición puede generar, todo ello con independencia de su situación procesal”.

Asimismo, Llop indica que la citada ley exige “al Gobierno central y a las comunidades autónomas que hayan asumido competencias transferidas en materia de justicia, en el ámbito competencial propio de cada una de ellas, la organización de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, permitiendo la colaboración con entidades públicas y privadas, sin ánimo de lucro, para prestar servicios de asistencia, protección y apoyo”.

“Con este espíritu se consagra como un derecho prioritario de la víctima acceder de forma gratuita y confidencial, en los términos que se determinan en la presente ley, a los servicios públicos de asistencia y apoyo facilitados por la Comunidad de Madrid a través de la creación de una Red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas”, según explica Llop en la PNL.

Tras considerar que "el contexto actual además hace muy necesaria la creación de esta red reforzando los servicios de atención y asistencia a todo tipo de víctimas", Llop destaca que "además existe una alarma social en la actualidad en relación con los delitos de violencia de género, contra la libertad sexual, y especialmente sobre menores, que han aumentado en nuestra Comunidad según los últimos datos del Ministerio del Interior y del Consejo General del Poder Judicial".

Llop considera necesario que la Comunidad de Madrid “impulse una regulación normativa de esta red incluyendo las actuaciones asistenciales que regula la ley estatal del Estatuto de la Víctima, como las relativas a la información accesible y comprensible y al apoyo y asesoramiento en materia de derechos incluido el apoyo emocional y el acompañamiento en el ámbito procesal pero también en el extraprocesal”.

En la citada iniciativa se señala que esta normativa “deberá garantizar además que las oficinas presten una valoración individualizada para las víctimas y familiares atendidos, desvinculando este servicio de la presentación de una denuncia”, y se expone que “se deberá prestar una especial atención a personas con discapacidad y a sus familias, víctimas de violencia de género, de trata de seres humanos, de delitos de terrorismo, de delitos de odio o aquéllas otras que se encuentren en una especial situación de vulnerabilidad”.

A su juicio, “uno de objetivos de la normativa que apruebe la Comunidad de Madrid es evitar la victimización secundaria y la conocida como ‘violencia institucional’, reduciendo al máximo el impacto negativo que puede tener un procedimiento judicial o la actuación de las administraciones sobre la víctima”.