Así lo dijo el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa (Cepyme), Antonio Garamendi, en la rueda de prensa posterior a la reunión que mantuvieron los agentes sociales con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio.

Garamendi señaló que “si queremos cumplir el acuerdo tenemos que ir a una mejor calidad del empleo y las empresas tienen sus costes”. En este sentido, advirtió de que “todo lo que sea aumento de costes puede hacer fracasar la subida de salarios”.

Por ello, el responsable de Cepyme pidió “mucha mucha tranquilidad, y mucho estudio” en lo que concierne al aumento de las cargas fiscales.

Por su parte, el presidente de CEOE, Juan Rosell, explicó que las cotizaciones y el Impuesto de Sociedades en España están en línea con la de la mayoría de países de la Unión Europea, y apuntó que el crecimiento del gasto público es un tema que “nos preocupa”, en el sentido de que no continúe la senda de reducción del déficit público.

Por su parte, las organizaciones sindicales manifestaron que los impuestos a la banca y a las empresas tecnológicas “no nos negamos a verlo” porque “están pagando muy poquitos impuestos en España”.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, consideró que “acabamos de firmar un acuerdo, el acuerdo hay que cumplirlo y no hay ningún elemento que pueda hacer que se rompa el acuerdo que hemos firmado y menos la política”. “Me parece poco serio el plantear una situación de esas características”, manifestó, y aclaró que esta cuestión no se ha abordado en la reunión.

En relación a los contenidos del encuentro, los sindicatos destacaron que el Gobierno les ha trasladado que contribuirá a que la aplicación de la subida salarial se desarrolle “de manera inmediata” y “no cuente con ningún tipo de impedimento”.

NUEVA REUNIÓN

De cara a las materias a desarrollar en el ámbito tripartito con el Ejecutivo, señalaron que tendrá lugar antes del mes de agosto una reunión de la mesa de diálogo social con la ministra de Trabajo, de la que se desprenderán todas las mesas y los puntos que se abordarán, algunos para dar solución a corto plazo y otros más a largo plazo. De hecho, el Ministerio ya ha remitido a los interlocutores sociales una documentación con propuestas en materia de temporalidad y precariedad para iniciar los trabajos.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, apuntó que se ha instado al Gobierno a tomar medidas de carácter legislativo que son “necesarias para hacer viable y posible el desarrollo del acuerdo”.

Entre los temas que los sindicatos consideran prioritarios para resolver en el corto plazo se encuentra la Ley de Desindexación de los salarios respecto al IPC cuando se contrata con las administraciones públicas, una modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores relativo a la externalización de la actividad de las empresas para evitar la competencia desleal y garantizar las condiciones laborales de los trabajadores, la “lucha decidida” contra la temporalidad, la reducción de jornada en empresas con dificultades para que el despido sea el último recurso y la eliminación de la prevalencia del convenio de empresa sobre el del sector.

Un nuevo Estatuto de los Trabajadores “difícilmente” pueda concluirse en esta legislatura, según dijeron los responsables sindicales que les ha trasladado el Gobierno. “No es un tema de hoy para mañana” si se quiere hacer “con un amplio consenso”, señaló Álvarez, a lo que Sordo añadió que “vamos muy justitos en el tiempo”. No obstante, CCOO y UGT aclararon que el hecho de que se inicie el diálogo en esta materia no supone que renuncien a derogar la reforma laboral.

Además, Sordo señaló que “no vamos a permitir que el Gobierno se comprometa a cambiar aquello en lo que haya acuerdo con la patronal porque es darle derecho de veto a la patronal” y “tendría que trabajar ya en un acuerdo político” porque hay materias que se pueden abordar hasta el final del año.