En una comparecencia en la Comisión de Economía y Empresa de la Cámara Baja para presentar las líneas maestras de su departamento, Calviño afirmó que “no podemos olvidar que una de las causas de la reciente crisis fue la falta de alerta temprana ante la acumulación de determinados desequilibrios macroeconómicos”.

En esta línea, sostuvo que “poner en marcha una autoridad macroprudencial y aprovechar al máximo los instrumentos que ya tenemos se antoja fundamental para prevenir situaciones similares en el futuro”.

Con el objetivo de impulsar la creación de esta autoridad, explicó que esta semana va a convocar al Comité de Estabilidad Financiera (Cesfi), en el que participan tanto el Ministerio de Economía y Empresa como el Banco de España y la CNMV y que lleva sin reunirse desde 2013.

Además, anunció su voluntad de desbloquear el proceso de transposición de directivas comunitarias, en algunos casos parado desde hacía años, dando salida a los trámites pendientes relativos a siete normas comunitarias que estaban pendientes en el Ministerio.

En particular, se refirió al dictamen del Consejo de Estado sobre el anteproyecto de ley de Mercado de Valores, a los informes que estaban pendientes sobre el anteproyecto de Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, que traspone tres directivas; sobre el anteproyecto de Ley de Servicios de Pago y sobre el anteproyecto de Ley de Planes y Fondos de Pensiones.

Asimismo, recordó que el viernes se abrió la fase de audiencia pública para la orden ministerial del Reglamento de Desarrollo del Real Decreto-ley de Cuentas de Pago Básicas y también la consulta pública para el real decreto que regulará el acceso para el colectivo más desfavorecido.

Sobre la actividad parlamentaria, indicó que el Gobierno ha pedido la habilitación del mes de julio para que la Comisión de Economía y Empresa del Congreso pueda tramitar el proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario y el Proyecto de Ley de Información no Financiera.

“Les recuerdo que la gran mayoría de estas normas europeas debían estar recogidas en nuestro ordenamiento nacional desde hace años, y que por el retraso en la trasposición pesan sobre nosotros amenazas de sanciones cuantiosas”, advirtió.