Según informó Unidos Podemos, la senadora Maribel Mora registró esta iniciativa, que obligaría a modificar la Ley Orgánica 1/1979, que regula las comunicaciones entre las personas presas en un centro penitenciario y sus familiares, y que argumenta que la actual regulación "presenta una grieta reparable que afecta fundamentalmente al desarrollo emocional de los menores”.

La actual legislación contempla que los niños y niñas afectados puedan permanecer junto a sus madres en prisión hasta que alcancen la edad de tres años, y entonces pasan al cuidado de otro familiar o a estar bajo la tutela del Estado.

En ese momento, las comunicaciones con sus padres las regulan los artículos 42 y 45 del Régimen Penitenciario, que contemplan dos visitas semanales de 20 minutos acumulables en una de 40, a través de un cristal blindado o por interfono. En régimen de 'vis à vis' sólo se puede tener un encuentro mensual con tres horas como máximo.

La única excepción que contempla la actual reglamentación hace referencia a los menores de 10

años, que deberían poder disfrutar de visitas “sin restricciones de ningún tipo" en cuanto a frecuencia e intimidad y a su tiempo”. Pero, según Unidos Podemos, la falta de desarrollo reglamentario de este artículo impide que esto se garantice, depende de las circunstancias de cada centro penitenciario y de la voluntad de la dirección del mismo y en la práctica los menores de 10 años quedan sometidos a las mismas cortapisas que los adultos.

La iniciativa de Unidos Podemos sostiene que “el régimen de visitas deberá en todo caso respetar el interés de las personas menores de edad” y que "no se llevarán nunca a cabo a través de locutorios con barreras físicas”. Y, en concreto, que “las referidas visitas se realizarán sin restricciones de ningún tipo en cuanto a frecuencia e intimidad, su periodicidad no podrá ser nunca inferior a una comunicación por semana y su duración mínima será de dos horas. Además, mensualmente se concederá al menos una visita de convivencia entre los referidos menores y sus progenitores de seis horas de duración”.

La disposición final obliga al Gobierno a reformar “en el plazo máximo de seis meses” el actual Reglamento Penitenciario, y Mora argumentó que “la condena al padre o a la madre no puede convertirse en una condena añadida para unos menores que deberían estar protegidos por la legislación”.