Fuentes gubernamentales consultadas por Servimedia remarcaron que la disposición de Sánchez ante esta cita es “escuchar” al presidente catalán y las propuestas que con total libertad quiera plantear al Estado, ya que la reunión se ha cerrado sin orden del día alguno.

A partir de lo que Torra le traslade, el presidente tomará “la decisión” que estime para Cataluña partiendo de que lo que se empiece a tratar ahora no es más que el “inicio de un camino” que trascurrirá durante años y gobiernos hasta llegar a la solución del problema político.

Así, la actitud del jefe del Ejecutivo central será la de escuchar y canalizar las peticiones de Torra, aunque manteniéndose firme en la defensa del Estado social y de derecho y de la legalidad fijada en la Constitución y el Estatut.

Desde el Ejecutivo están dispuestos a poner en marcha para Cataluña aquellas medidas que no requieran más que una “acción” del Gobierno. Según fuentes socialistas catalanas, “probablemente” lo más destacado sean los temas relativos a la financiación.

'DECLARACIÓN DE BARCELONA'

La hoja de ruta del también líder de los socialistas está esbozada en la llamada ‘Declaración de Barcelona’, que el PSOE y el PSC ratificaron hace justo ahora un año, el 14 de julio de 2017.

En ella, además de una apuesta por la reforma de la Constitución y la recuperación de aquellas cuestiones del Estatut que el Tribunal Constitución declaró inconstitucionales más por cuestiones legales de forma que de fondo, se aboga por reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, incorporando las previsiones sobre el Consejo de Justicia de Catalunya y configurándolo como una instancia desconcentrada del propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

También figura la “culminación del traspaso de las transferencias pendientes y de los recursos necesarios para hacerlas efectivas en temas tales como salvamento marítimo y protección civil, formación sanitaria especializada, mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales o ejecución de la legislación estatal en materia de trabajo y relaciones laborales”.

Según fuentes consultadas por Servimedia próximas el presidente, las medidas a las que el Ejecutivo podría acceder serían más de pequeños gestos que de grandes reivindicaciones, que necesitarán de la participación de más formaciones políticas.

Así, en cuestión de infraestructuras, la 'Declaración de Barcelona' también habla de “finalizar la construcción del Corredor Mediterráneo, desde Algeciras hasta la frontera francesa conectando los puertos de Tarragona y Barcelona”; crear un consorcio integrado por el Estado, la Generalitat y los ayuntamientos implicados con el objetivo de priorizar, ejecutar y hacer el seguimiento de las inversiones previstas en el Plan de Cercanías de Barcelona 2008-2015; y finalizar los proyectos de soterramiento de las vías convencionales de ferrocarril en L’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Sant Feliu de Llobregat y Montmeló.

El PSOE y el PSC apuestan también por que Barcelona albergue también otros organismos de ámbito estatal.

Asimismo, el Gobierno huirá de las provocaciones verbales que lleguen desde las instituciones catalanes y sólo actuará y responderá ante “hechos”, siguiendo la misma estrategia que el PSC en el Parlament cuando acude al Tribunal Constitucional a presentar recursos siempre que desde alguna institución se comete alguna ilegalidad y ésta se plasma en algo –como los plenos del 6 y 7 de septiembre-, pero no ante las declaraciones de los independentistas.

Así, indicaron las fuentes consultadas, el presidente no librará batallas dialécticas porque “el general se reserva” y envía a otros mandos a negociar.