La presentó en una rueda de prensa junto a Eva García Sempere y Carlos Sánchez Mato, en la que también intervinieron representantes de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social y del Secretariano Gitano.

Se ha registrado en el Congreso después de ocho meses de trabajo en los que se han sacado "caras de la pobreza que no conocíamos" y con la esperanza de que en el trámite parlamentario se puedan incorporar mejoras. El objetivo es que se apruebe antes de finalizar la legislatura.

La proposición consta de 33 artículos y varias disposiciones. Ese Plan de Trabajo Garantizado se articula sobre tres ejes: reforzar actividades económicas y sociales "aún insuficientes", como la educación y la sanidad públicas o el fomento de las energías renovables; crear nuevas actividades principalmente ecológicas; y remunerar, visibilizar y dignificar el trabajo de cuidados y otros que son actualmente carácter voluntario.

Además, un sistema de Renta Mínima Garantizada extendería la prestación a las personas actualmente excluidas de otras prestaciones ya existentes, y se articularía una ayuda específica por hijo o menor de edad a cargo para combatir de forma directa la pobreza infantil.

La propuesta incluye la actualización de las pensiones en línea con la productividad de la economía, el aumento de la participación de los salarios en la renta nacional o la coyuntura económica general; y también la eliminación del actor de sostenibilidad cuya entrada en vigor está prevista el 1 de enero de 2019 para los nuevos pensionistas.

Contempla, asimismo, la universalización de la asistencia sanitaria pública y la exención del copago para pensionistas, y la garantía del derecho al acceso a suministros básicos de agua potable, gas y electricidad a las personas y unidades familiares en situación de pobreza o exclusión social, con unos mínimos de consumos mínimos vitales y un sistema público de precio social, con un mandato expreso al Gobierno para presentar un plan contra la pobreza energética.

La coalición quiere también garantizar la función social de la vivienda y que los poderes públicos sean garantes de la disponibilidad de un alojamiento para todas las personas que carezcan de un hogar o lo pierdan por causas sobrevenidas, así como aplicar una moratoria de los procedimientos de ejecución hipotecaria y reformas para evitar el lanzamiento de personas y familias en riesgo de exclusión.

EDUCACIÓN

Varios artículos están dedicados a un plan estatal para erradicar el chabolismo y las infraviviendas, y a la acogida de menores migrantes no acompañados. Además, en el ámbito de la educación, se propone extender las plazas de cero a tres años; asegurar un suelo de inversión en becas; un mandato a las administraciones para garantizar la gratuidad del transporte, el material escolar y el servicio de comedor en todos los centros y periodos no lectivos, con medidas específicas para el medio rural.

En la exposición de motivos de la iniciativa, la coalición recuerda que doce millones y medio de personas están en riesgo de pobreza y exclusión social en España, y precisa que la pobreza no es solo ausencia de un ingreso monetario sino la incapacidad de participar en la vida pública, de integrarse en la comunidad o de tener acceso a unos derechos básicos. Añade, además, que es "perfectamente posible" poner fin a la pobreza en España.

Teniendo en cuenta los supuestos establecidos por la Unión Europea para detectar y cuantificar la pobreza, explica la coalición, Eurostat cifra en un 23,5% la población europea que en 2016 estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en el territorio comunitario, con una cifra en España 4,5 puntos superior a la media. Además, la precariedad laboral en España provoca que prácticamente una de cada tres personas en situación de pobreza trabaje, y unas 40.000 personas viven en la calle. La mitad de las familias monoparentales o monomarentales son pobres, como la mitad de los extranjeros extracomunitarios, y tener una discapacidad es "un factor directo de vulnerabilidad", explica.

La coalición reconoce que esta ley requiere financiación, y apunta posibles vías de obtención de ingresos: recuperar el carácter sintético del IRPF, revisar tipos y gasto fiscal en el Impuesto de Sociedades, elaborar un tributo sobre las grandes fortunas, crear impuestos sobre bienes suntuarios, impulsar una fiscalidad verde o aprobar un impuesto sobre transacciones financieras.