Indicaron que así se lo ha confirmado la empresa constructora responsable de la ampliación del CEIP a la Consejería de Educación e Innovación tras la reunión mantenida en la tarde de ayer y en la que confirmaron que las obras avanzan a buen ritmo.

Según la empresa constructora, señalaron, las obras comenzaron el pasado 24 de marzo, ya que hasta entonces el Ayuntamiento de Madrid no concedió la licencia de obras de esta ampliación. Los trabajos se centran en la segunda fase que afecta a las aulas específicas, educación infantil, educación primaria y el gimnasio.

El proyecto de este centro incluye más de 30 aulas que podrán atender la demanda de solicitudes de escolarización en la zona. Las misma fuentes explicaron que la Comunidad de Madrid ha destinado casi 3,2 millones de euros en esta obra, de los que se beneficiarán los 400 alumnos y sus familias que dispondrán de plaza en el centro para el curso 2018/19.

Destacaron que el Gobierno regional está haciendo un gran esfuerzo inversor, ya que ha incrementado más de un 30% la partida destinada a la construcción y el equipamiento de centros docentes hasta alcanzar en 2018 los 71,34 millones de euros, 16,6 millones más que en 2017.

Asimismo, aseguraron que el compromiso de la empresa es tener terminada la obra en el mes de septiembre y añadieron que la Consejería de Educación ha diseñado de forma conjunta con la dirección del centro un plan de actuación en el caso en que se demoraran más de lo anunciado.

Se trata de un plan que conocen los padres de los alumnos y que serviría para escolarizar a los alumnos en las mejores condiciones de forma puntual en las primeras semanas del curso.

Para ello, se utilizarían los espacios comunes con holgura suficiente para generar aulas y que además pudieran seguir cumpliendo con sus funciones establecidas. "De esta manera, las clases podrían impartirse con toda normalidad y en perfectas condiciones para el alumnado", añadieron.

MAYORES EXIGENCIAS EN LAS CONTRATACIONES

Por otro lado, manifestaron que las obras en los centros educativos de la Comunidad de Madrid se adjudican conforme a la Ley Estatal de Contrataciones y las empresas que concursan cumplen todos los requisitos establecidos, como demostrar la solvencia económica y financiera.

Indicaron que desde el año 2017 están en vigor los “nuevos cambios en los pliegos de los concursos públicos para la construcción de centros educativos, con el objetivo de minimizar los problemas de retrasos en las obras que, de manera puntual, se han producido en ocasiones anteriores”.

Tras esta modificación, indicaron, la Comunidad de Madrid valora un 60% la oferta económica que hace la empresa, un 25% las mejoras técnicas y un 15% los plazos de ejecución. Se penaliza, además, con mayores cuantías económicas todos los retrasos que se produzcan por parte de la empresa constructora.