Así lo dijo este miércoles el director general de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado, Ignacio Javier García Gimeno, durante su intervención en el Pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior. “Más apoyo a los madrileños por el mundo, más planificación para proteger sus intereses y más participación directa en los asuntos que les afectan son las claves de las políticas que está llevando a cabo el Gobierno de la Comunidad de Madrid en favor de los más de 360.000 madrileños que residen en medio centenar de países”, explicó.

El Plan tiene como objetivos prioritarios facilitar la empleabilidad y la inserción socio-laboral, y promover la salud y la atención en situaciones de vulnerabilidad. También pretende potenciar la información y la participación de los emigrantes y retornados, profundizando al mismo tiempo en el conocimiento de la realidad social del fenómeno de la emigración.

Además, el Gobierno regional ha incrementado un 78 % el presupuesto destinado a subvencionar a las ONG que desarrollen actividades de ayuda y asistencia a los emigrantes madrileños. El número de retornados se ha duplicado en los últimos cuatro años.

CONSEJO DE LA EMIGRACIÓN Y EL RETORNO

Por otro lado, el Gobierno regional va a constituir próximamente el Consejo de la Emigración y el Retorno, cuyas funciones serán las de facilitar la participación de los emigrantes, incorporar la utilización de las nuevas tecnologías para mejorar la comunicación, incrementar la representatividad y reforzar la cooperación institucional. Los Consejos de Residentes Españoles en el Extranjero pasarán a formar parte del Consejo.

Este órgano viene a responder a las características actuales del fenómeno migratorio, en el que hay un nuevo perfil sociológico, nuevos países de destino y nuevas necesidades, por lo que las herramientas de participación no pueden tampoco ser las mismas.

García Gimeno, destacó así mismo que “con el nuevo Consejo queremos que los emigrantes madrileños tengan más participación en la toma de decisiones sobre aspectos que pueden afectarles, más eficacia en el funcionamiento y una mayor representatividad, con un menor coste gracias a la incorporación de las nuevas tecnologías y el reforzamiento de la cooperación institucional con la Administración General del Estado”.