Esto se considera "indispensable" para la búsqueda de empleo, según la iniciativa aprobada, en la que se pide que los Centros de Servicios Sociales y la Comunidad de Madrid puedan consultar directamente, previa autorización, toda la información necesaria para la gestión de la RMI disponible por cualquier tipo de administración pública.

Asimismo, se considera necesario establecer un convenio transitorio entre ayuntamientos, Comunidad de Madrid y Servicios Público de Empleo Estatal (SEPE) para que las certificaciones requeridas para la RMI puedan consultarse directamente por las instituciones implicadas.

Además, se insta al Gobierno a que garantice a los perceptores de la RMI la consulta telemática del expediente y el alta en el sistema de alertas para facilitar la comunicación y seguimiento de las incidencias que pudieran producirse y que las personas solicitantes no se vean obligadas a asumir gastos asociados a la cuenta corriente para el ingreso de esta ayuda.

En la moción se indica que la situación de precariedad habitacional "deje de estar penalizada, ya que perjudica especialmente a las personas que no tienen una vivienda adecuada, independiente y totalmente pagada".

También se pide "gratuidad total" a los menores que dependan de un adulto perceptor de RMI de los comedores escolares, incluyendo, en los centros concertados, la exención del pago de la diferencia entre el precio público y el precio privado.

La diputada socialista Josefa Navarro, defensora de la moción, propuso "reaccionar" porque la situación es "urgente" por la "desactualización de la normativa" que, a su juicio, "ahonda en la brecha salarial entre hombres y mujeres y hace que el 21,7% de personas estén en situación de pobreza o exclusión".

El diputado de Podemos Raúl Camargo dijo que la iniciativa del PSOE supone grandes mejoras para las personas perceptoras de la Renta Mínima de Inserción "para que el Gobierno tome nota y actúe" y no tengan que estar llevando iniciativas no de ley "que no sirven para nada".

El diputado de Ciudadanos Alberto Reyero mostró su preocupación por la gestión de la RMI y dijo que "muchos de los problemas" se pueden resolver "con voluntad política y modificando el reglamento".

La parlamentaria del PP Ana Camins consideró "absurdo" que se haya llevado a la Asamblea esta iniciativa con los mismos argumentos de las suspensiones cautelares, cuando, indicó, "ni los requisitos de la RMI han cambiado ni la ley se ha endurecido" y "no se puede aseverar que las suspensiones las hace el Gobierno por indicios".