Según informó el citado medio digital, el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, y la jefa de Política Social, Raquel Ejerique, han sido citados por el magistrado Pedro Antonio Domínguez "en calidad de querellados" para el próximo 28 de junio "al objeto de dar traslado del escrito de querella" presentado por la representación legal de Cifuentes.

También ha sido citado el profesor de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Salvador Perelló, acusado igualmente de descubrimiento de secretos y que el diario 'El Mundo' señaló como supuesta fuente de eldiario.es.

El magistrado ha adoptado esta decisión después de consultar a la Fiscalía y que ésta no aprecie relevancia penal en la actuación de los periodistas. Sin embargo, la Fiscalía quiere conocer quién accedió al sistema de la universidad, quién es el autor del pantallazo de los datos universitarios y la identidad de la persona o personas que facilitó los datos a eldiario.es.

El Código Penal prevé penas de entre uno a siete años para quien incurra en un delito de descubrimiento o revelación de secretos, si bien, señala eldiario.es, la jurisprudencia exime de este delito a los periodistas y lo atribuye en su caso a los funcionarios que hayan facilitado la información.

Ante esta situación, la FAPE recuerda en una nota que "el secreto profesional es un derecho de los periodistas y tiene una doble finalidad: de un lado, ampara al periodista de los requerimientos de terceros (la Administración o los tribunales) para que revele sus fuentes, de otro, ampara también a la fuente que le ha suministrado la información. Por lo tanto, los dos periodistas de eldiario.es no están obligados a revelar a quienes les facilitaron la información".

La FAPE afirma respetar la independencia de la Justicia y, al mismo tiempo, subraya que "el ejercicio libre del periodismo es un pilar básico de los sistemas democráticos y garantía fehaciente del derecho de información de los ciudadanos".

Asimismo, recuerda que "la jurisprudencia sostiene que la libertad de información legitima la actuación de los medios y de sus periodistas, al tiempo que hace prevalecer el derecho a las libertades de expresión y de información sobre otros derechos cuando la noticia cuestionada es veraz, se refiere a asuntos de interés general o de relevancia pública y está debidamente contrastada, condiciones que en nuestra opinión se registran en la investigación que publicó eldiario.es".