La Fiscalía ha comunicado ya su propuesta al juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, que instruye la causa al considerar que hay indicios suficientes para apreciar la comisión de actos delictivos.

El patrimonio de Rodrigo Rato está siendo investigado en una decena de piezas. Los hechos que se investigan en ésta tuvieron lugar entre los años 2011 y 2012 y se refieren a la posible adjudicación fraudulenta de los contratos de publicidad de Bankia por la intervención de Rato, que spuestamente habría cobrado comisiones por favorecer a las dos empresas. El Ministerio Público le achaca un delito de corrupción entre particulares.

Supuestamente, las agencias Zenith y Publicis, que fueron las adjudicatarias de los contratos publicitarios, pagaron alrededor de dos millones de euros al testaferro del exministro, Alberto Portuondo, para que la decisión de Bankia les fuera favorable. Según Anticorrupción, Rato habría recibido más de 835.000 euros que fueron depositados en la empresa Kradonara 2001.

Esta es una firmas que formaría parte del presunto entramado de empresas controladas por Rodrigo Rato en el paraísos fiscales. En principio, la totalidad del pago se hizo a la empresa Albisa Inversiones, propiedad de Portuondo, y fue desde esa mercantil desde donde se hicieron los traspasos ahora bajo sospecha a la empresa vinculada al exministro.

UNA FORTUNA BAJO SOSPECHA

Según la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) dependiente de la Agencia Tributaria, se habría evaluado en 6,8 millones de euros el monto total de lo defraudado por Rato entre 2004 y 2015 a través de las actividades supuestamente ilícitas realizadas con un entramado de sociedades radicadas en paraísos fiscales.

El origen de la fortuna de Rato fue investigado durante más de dos años. El exvicepresidente y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional fue detenido después de que los investigadores llegaran a cuantificar “rentas no declaradas en el IRPF por importe ligeramente superior a los 14 millones de euros en los años 2004 a 2015, ambos inclusive”. En total, las cuotas presuntamente defraudadas son de un “importe total cercano a los 6,8 millones”, superando los 120.000 euros del delito fiscal en todos los años desde 2004 a 2015, salvo en 2005. Entre 2009 y 2015, los años no prescritos, “las cuotas ascienden a un importe cercano a los 5,4 millones”.

El origen y movimiento de esos bienes está siendo objeto de estudio en una decena de piezas separadas. La ONIF considera que el fraude se sustanció mediante “ganancias de patrimonio no justificadas derivadas del tráfico de dinero con el extranjero y no declarado fiscalmente; ganancias de patrimonio sin previa transmisión de rentas, rendimientos de actividades económicas como conferenciante y gastos de la actividad empresarial que no son deducibles”.

Todas las transacciones se habrían realizado por medio de las sociedades panameñas Red Rose Limited y Westcastle, la británica Vivaway y la española Kradonara, que fueron sociedades instrumentales “para la ocultación de rentas que han escapado al control fiscal y cuyo beneficiario efectivo ha sido Rato. Las rentas no declaradas ascienden a un importe ligeramente superior a los siete millones. Los países de riesgo utilizados son Luxemburgo, Mónaco, Suiza, Reino Unido y Gibraltar”.