El expediente disciplinario tiene su origen en la investigación iniciada en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por un escrito del presidente de la Audiencia Provincial de Lugo en el que comunicaba que había tenido conocimiento de que la magistrada “de forma pública reparte octavillas publicitarias (…), anunciándose como tarotista y vidente con gran experiencia en echar cartas de tarot”, lo que dio lugar a la apertura por el Promotor de la Acción Disciplinaria de unas diligencias informativas a las que se han unido varias informaciones periodísticas en las que se afirma que es la propia magistrada la que realiza la citada actividad.

La incoación del expediente disciplinario, que tiene como objeto concretar y determinar los hechos y circunstancias de la actuación de la jueza, así como las consecuencias de carácter disciplinario aplicables, ya ha sido notificada a la magistrada.

El Promotor de la Acción Disciplinaria ya había incoado diligencias informativas para esclarecer la veracidad de las informaciones que indican que la magistrada ejercía de pitonisa cuando terminaba su trabajo en el juzgado y acudía a las vistas con su gato.

Según publicó el diario `El progreso de Lugo´, la magistrada ejerce de pitonisa cuando sale del trabajo y se dedica a leer las cartas del tarot en una vivienda que comparte con su "empleado del hogar", con el que repartía publicidad del negocio en locales de ocio y en los limpiaparabrisas de los coches aparcados en los alrededores de los juzgados.

Al parecer, García Pérez se ofrecía como "tarotista y vidente" a un precio "económico". Con anterioridad el comportamiento de esta magistrada había sido motivo de queja de varios abogados que protestaron porque acudía a las vistas con su gato.

El diario lucense envió un periodista camuflado a la consulta de la jueza para consultar con ella un falso problema judicial en una sesión de tarot por la que cobraba entre 15 y 20 euros. Fue la magistrada la que respondió a la consulta, pese a que los jueces están afectados por un férreo régimen de incompatibilidades que les impide segundas actividades que no sean de carácter formativo. Esta jueza decide anualmente sobre la situación de prisión y los permisos de más de 1.000 condenados.