Tras incoar diligencias de investigación, la Fiscalía archiva la denuncia en la que, de forma extraordinariamente vaga e imprecisa, y bajo la afirmación inicial de que “la situación judicial del archipiélago es francamente alarmante”, realizaba ciertos comentarios e imputaciones sobre el presidente del TSJ y sobre otros magistrados, comentarios que deslizaban valoraciones de forma velada y que apuntaban a la eventual comisión por estos magistrados de presuntos delitos de amenazas, coacciones, cohecho y tráfico de influencias.

La Fiscalía considera que la imprecisión y vaguedad del relato que realiza la denuncia es tal que haría temerario iniciar una investigación prospectiva en torno a las relaciones que hubieran podido mantener una serie de profesionales de la Administración de Justicia, y ello sin que hubiera el más mínimo indicio de que aquellas relaciones hubieran conducido a la comisión de ilícitos penales.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) inició el pasado mes de mayo los trámites para suspender al magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria Salvador Alba, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictara auto de apertura de juicio oral contra él.

Alba será juzgado por los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios y, en función de cuál sea el resultado del proceso, el órgano de gobierno de los jueces decidirá su futuro.

La LOPJ prevé la suspensión de los jueces y magistrados "cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones". La suspensión se mantendrá hasta que recaiga en la causa sentencia resolutoria o auto de sobreseimiento.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias abrió recientemente juicio oral por prevaricación, cohecho, falsedad y revelación de secretos al juez Alba por intentar perjudicar a su compañera de profesión Victoria Rosell, cuando esta era diputada de Podemos.