Según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), por un lado el juzgado exige a la compañía una fianza de 348,2 millones de euros “para responder de las multas cuya imposición a la compañía se ha solicitado por las acusaciones en el procedimiento”. Por otro lado, también le ha impuesto “otras fianzas por importe de 602,9 millones de euros conjuntamente o subsidiariamente con otros acusados para garantizar la responsabilidad civil consecuencia de estos actos”.

Por su parte, la compañía señaló que presentará recurso contra este auto, “puesto que una eventual ejecución en el patrimonio de la sociedad por estos importes podría provocar una situación de insolvencia temporal de Pescanova, con gravísimo e injustificado perjuicio de nuestros 9.000 accionistas, quienes perderían de esta manera todo el patrimonio invertido en el capital de nuestra sociedad”.

En cualquier caso, explicó la compañía, “en opinión de los asesores legales de la sociedad, la potencial sanción económica así como cualquier posible responsabilidad civil resultante de una hipotética sentencia condenatoria definitiva que afectase a Pescanova S.A., estarían afectadas por las consecuencias del proceso concursal en el que estuvo incurso nuestra compañía, con las quitas correspondientes y estarían sometidos a los acuerdos de fusión y segregación aprobados por la Junta General de PVA en septiembre de 2016”.

Además, la compañía destacó que “en dichos acuerdos de fusión y segregación también quedó previsto que Nueva Pescanova (NPVA) se ha de hacer cargo de las consecuencias económicas de una hipotética sentencia condenatoria”.