Las medidas legislativas son las que pueden llevar más tiempo. Las más importantes pasan por restringir las visitas de los hijos e hijas de las mujeres víctimas de la violencia de género a sus padres maltratadores en prisión o mejorar los protocolos entre juzgados y administraciones, entre otras.

El PSOE ha sido de los grupos más beligerantes junto a Unidos Podemos en la aplicación del Pacto de Estado. Su primera reivindicación fue la dotación económica, ya que de los 200 millones de euros comprometidos para este año para la aplicación del pacto tan sólo se habían presupuestado 80 en el borrador de cuentas.

Finalmente, el Gobierno del PP incluyó la inyección de los 120 millones restantes para autonomías y ayuntamientos, además de otros 50 millones que negoció Coalición Canaria y que se sumaron a la partida correspondiente a la Administración General del Estado.

Con estos recursos -250 millones de euros en total- el departamento de Calvo tiene que poner en marcha el primer pacto de Estado en esta materia en España, que, según denunciaba el PSOE desde la oposición, apenas se ha aplicado.

De hecho, los socialistas elevaron al Parlamento la reprobación de Dolors Montserrat por sus “incumplimientos” y gestión de las políticas en materia de violencia de género, una reprobación que llegó justo dos días antes de que saliera adelante la moción de censura que puso fin al Gobierno de Mariano Rajoy.

Ahora está en sus manos iniciar las primeras medidas comprometidas por el Gobierno del PP, todo ello en menos de seis meses, tiempo en el que debe realizar modificaciones legislativas y atajar la reforma que estudia el Ministerio de Justicia sobre los delitos sexuales tipificados en el Código Penal, impulsados a raíz del caso de ‘la Manada’.

OTRO RETO: LOS HUÉRFANOS

Otra de las ‘peleas’ del PSOE desde la oposición ha sido la defensa de quienes quedan huérfanos por la violencia machista. De hecho, hace tan sólo un mes organizó en el Senado un acto con hijos de madres asesinadas para reivindicar pensiones dignas y más apoyo para que puedan salir adelante.

La Fundación Mujeres estima que desde 2005 existen más de 500 familias con huérfanos de la violencia machista, mientras que sólo en 2017 hubo 26. “No están recibiendo una pensión adecuada; están recibiendo unos 190 euros”, denunció en el acto organizado por el PSOE la presidenta de esta fundación, Marisa Soleto.

En los mejores casos, las familias que se hacen cargo de los huérfanos de la violencia machista –muchas veces tíos, abuelos u otros familiares- perciben unos 600 euros mensuales, pero se debe a un añadido de pensión que responde a la anulación de la pensión de viudedad para los hombres que mataron a sus mujeres, algo que se aplica desde 2015.

El PSOE ha pedido en reiteradas ocasiones que la ley para que todos los huérfanos por violencia de género tengan derecho a una pensión se tramite con “unidad y agilidad”, así como que sean contributivas y vayan con cargo a la Seguridad Social.

La iniciativa está en trámite en una ponencia del Congreso de los Diputados y, de aprobarse, sería la primera legislación fruto del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, una lucha que los socialistas tienen que capitanear pero que requiere el consenso con otras fuerzas políticas.