Cada año, esta norma cuesta "decenas de vidas en las fronteras de Ceuta y Melilla", a las que hay que añadir "muchas más si consideramos las muertes en el Mediterráneo", declaró a Servimedia Maleno, que desde hace años trabaja desde Marruecos y España por los derechos de los inmigrantes que cruzan el Estrecho.

Lo mismo opina Montes, patrona de uno de los dos barcos con los que Proactiva Open Arms realiza operaciones de rescate en el Mediterráneo Central. En cuanto a la acogida de refugiados, Maleno y Montes, que participaron en un encuentro dentro del ciclo 'Mujeres contra la Intolerancia' que organizan la Asociación de Mujeres de Guatemala y la Casa Encendida, criticaron la actitud del Gobierno anterior, que directamente incumplió sus propios compromisos, ya de por sí "muy cicateros".

Según Montes, España tiene una de las cuotas de acogida de refugiados "más bajas de toda la UE" y "aun así no llegamos a cumplirla".

Por su parte, Maleno reflexionó sobre el reducido número de peticiones de asilo que se registran en España y sobre las pocas concesiones que se otorgan. "La cifra es simplemente ridícula", dijo, lo que achacó a las dificultades que muchos inmigrantes encuentran a la hora de plantear sus demandas cuando llegan a la frontera, así como a lo restrictivo de la normativa española en esta materia.

"Les ponen prácticamente imposible pedir asilo", explicó, "pues para iniciar el trámite hay que llegar a una oficina, y a los que no se les devuelve en frontera se les encierra en los CETI, donde no reciben ningún asesoramiento jurídico".

A su juicio, la práctica de las devoluciones en caliente es otra de las causas de este fenómeno, e ignora el deber de España de proteger a los menores, a las víctimas de trata, de persecución sexual, etc. Montes recalcó que se trata de "una práctica ilegal, que contraviene todos los tratados firmados por España".

Por eso, una de las primeras medidas del nuevo Gobierno tendría que ser la derogación de la Ley de seguridad Ciudadana, que las hace posible, reclamó.