La causa contra esta activista de Caminando Fronteras fue derivada a los juzgados de Marruecos (donde ella reside) por las autoridades españolas a raíz de un caso iniciado en 2012, cuando la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (UCRIF) de la Policía Nacional abrió una investigación contra ella, al considerar que las llamadas que hace a diario a Salvamento Marítimo informando de pateras a la deriva en el Mediterráneo podían indicar una relación con las mafias de tráfico de personas.

La fiscalía de la Audiencia Nacional archivó esta causa en 2017, pero la documentación aún no ha llegado a Marruecos, motivo por el que el juez de Tanger al que se remitieron los hechos desde España aún no ha cerrado el caso. En su momento, numerosas ONG y activistas denunciaron que la causa contra Maleno “pretendía criminalizar su labor” y dificultar la tarea de aquellas organizaciones que trabajan por los derechos humanos de los migrantes en ambas orillas del Mediteráneo, opinión que la propia Maleno comparte.

En declaraciones a Servimedia, Maleno, que participó en un encuentro dentro del ciclo 'Mujeres contra la Intolerancia' que organizan la Asociación de Mujeres de Guatemala y la Casa Encendida, quiso saber “por qué la policía española ha estado 6 años investigándome, escuchando mis llamadas telefónicas y siguiéndome”. “Le pido a Pedro Sánchez y al nuevo ministro del Interior que se investigue lo sucedido y se aclare si hay algo más, y a la nueva titular de Justicia que envíe la documentación necesaria a Marruecos”, donde la esperan desde hace meses.

Maleno, que hoy mismo acudió a la Audiencia Nacional para ratificar una denuncia por amenazas que presentó hace meses, reclamó también al nuevo Gobierno que se investiguen en serio las amenazas y el acoso que “las activistas con visibilidad pública recibimos a menudo, y que nunca llegamos a saber de dónde procden”.

CONTRA LA 'LEY MORDAZA'

Asimismo, Maleno exigió la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley Mordaza’, porque esta ley “criminaliza la labor de las defensoras como yo y de las ONG que trabajan en el Estrecho, y es la responsable de que decenas de personas hayan sido investigadas. También esta ley es responsable de permitir las devoluciones en caliente, por cuya causa han muerto muchos inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla”.