La iniciativa insta al Gobierno regional a “incorporar al vigente Plan de Inspección de Sanidad de la Comunidad de Madrid un programa específico para el mejor seguimiento, control y comprobación de las condiciones para el ejercicio de tratamientos naturales o pseudociencias”.

También se pide a la Administración regional que dé cuenta en la Comisión de Sanidad del informe de evaluación del vigente Plan de Inspección de Sanidad, una vez finalice su vigencia. Asimismo, se solicita que se inste al Gobierno central a llevar a cabo las modificaciones legales oportunas a fin de que los profesionales sanitarios estén obligados a comunicar a las autoridades legales pertinentes (Fiscalía o juzgado de guardia) las prácticas llevadas a cabo por profesionales, titulados o no titulados, que alejadas de la evidencia científica pudieran causar un perjuicio real en la salud directa de sus pacientes.

“Todo ello se hará a fin de detectar malas prácticas que pongan en peligro la salud pública o la vida de los pacientes”, añade Veloso en la iniciativa parlamentaria. En la exposición de motivos, el diputado de Cs considera que “pese a los avances en la medicina y los logros conseguidos en muchas enfermedades, en especial el aumento de esperanza de vida y las tasas de supervivencia en diferentes patologías, el auge de las terapias alternativas sin aval científico es imparable y su uso se extiende cada vez más en especial sobre colectivos de enfermos cuyas patologías derivan en procesos terminales o requieren un tiempo de tratamiento amplio”.

La proposición no de ley indica que “según los defensores de este tipo de prácticas, los pacientes que acuden a terapias naturales o pseudociencias no se ven perjudicados por elegir este tipo de tratamientos”. Añade que es “una hipótesis que no es verdad en una cantidad importante de casos” y que, en relación a los “efectos perniciosos que poseen las pseudociencias, son numerosas las ocasiones en las que un paciente, con enfermedad terminal en numerosos casos, abandona un tratamiento con eficacia clínica probada y evidente probabilidad de éxito en la curación de ésta, por terapias naturales o pseudociencias que no poseen evidencia científica alguna con efectos beneficiosos sobre la salud”.

“También existen numerosos casos en los que los pacientes sufren intoxicaciones o daños fisiológicos importantes como consecuencia de ingerir productos peligrosos o sin garantías sanitarias, que incluso pueden interaccionar con tratamientos que estén tomando”, añade.

FALTA DE REGULACION

También expone que “la falta de regulación generalizada en este ámbito tanto hacia los profesionales que las imparten o recomiendan, así como la falta de regulación sobre los productos y terapias que son consideradas efectivas o no, basadas en criterios científicos, ha supuesto la aparición de un limbo legal en el que existen pacientes que, desesperados por el avance de su enfermedad, abandonan tratamientos con posibilidad de curación por tratamientos naturales o pseudociencias que no están avaladas e indicadas, científicamente, para tratar sus dolencias”.

Asimismo se explica que “somos conscientes de la libertad de los pacientes a la hora de elegir si continuar o no un tratamiento específico, pero también somos conscientes del daño que algunas personas causan a otras al ofrecer información o expectativas falsas basadas en remedios o prácticas sin evidencia científica.

Cs considera que “los profesionales sanitarios deben ser parte esencial en la detección de casos en los que existe un perjuicio claro en la salud de los ciudadanos por intereses contrarios al bienestar del paciente”.