Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el ministro respondió así a la pregunta de Rafael Mayoral, diputado de Unidos Podemos, sobre “qué medidas de control piensa adoptar el Gobierno para evitar que productos financieros tóxicos y de alto riesgo, como las preferentes, sean comercializados por las instituciones financieras para impedir que se produzcan más abusos”.

En concreto, Escolano explicó que el Gobierno ya adoptó las medidas necesarias para evitar dichos abusos en 2012 y pidió a Mayoral que “dirija sus quejas” al partido que estaba antes en el Gobierno, en referencia al PSOE.

El ministro de Economía aseguró que “hablar estos días de protección al consumidor y a las familias es una paradoja cuando ustedes esta misma semana están poniendo en tela de juicio la estabilidad de una de las economías que estaba siendo una de las anclas fundamentales del crecimiento de la UE”, refiriéndose a la moción de censura.

En cuanto a las reformas realizadas para evitar que se repita lo ocurrido con las preferentes, Escolano señaló que “el Gobierno ya modificó en 2012 la normativa para limitar el acceso a los inversores minoristas de este tipo de productos que, prioritariamente desde entonces, tienen que estar dirigidos a los inversores profesionales”. “Igualmente, se obligó a incrementar la transparencia de las cláusulas bancarias y a evitar prácticas abusivas”, añadió.

En la misma línea, el titular de Economía aseguró que “queremos ir más allá” y que por ello “en este momentos está en discusión de las Cámaras y en tramitación un proyecto de ley de crédito inmobiliario que tiende a favorecer la transparencia para los inversores minoristas”. Además, explicó que “se cambió la regulación de la CNMV para favorecer el control de los productos complejos” y que “se obligó a los consumidores a presentar una expresión manuscrita de consentimiento”.

“Si estas normas hubieran estado en vigor en el periodo anterior, no se habrían producido muchas de las circunstancias que usted menciona”, aseguró Escolano.

Por su parte, Mayoral denunció que las participaciones preferentes “son la crónica del sufrimiento de los sectores populares durante la crisis” y que supuso “una auténtica estafa piramidal”. Además, aseguró que “el Estado incumplió su obligación de proteger a los más débiles” y que por ello “hace falta cuanto antes reconocer el perjuicio causado”.

“No ha existido un reproche a las entidades financieras”, afirmó, para añadir que “las multas son irrisorias, apenas 45.000 euros, cuando hablamos de millones defraudados”.