Según la Generalitat, las comunidades están de acuerdo en cuestiones como la garantía de la suficiencia, la exigencia de reequilibrio vertical de los recursos entre la Administración central y las regiones, la simplificación del modelo o la compensación por los errores de aplicación del sistema entre 2009 y 2017.

Además, reprocha al Ministerio que el documento sea "inexplicablemente inconcreto respecto a la posición de la Administración General del Estado en la mayoría de aspectos esenciales que requieren la configuración de un nuevo modelo de financiación autonómica, incumpliendo esencialmente su principal finalidad: facilitar al Consejo de Política Fiscal y Financiera el debate y la toma de decisiones para la determinación de un nuevo modelo".

"Hemos hecho el trabajo que no ha realizado el Ministerio de Hacienda: presentar un documento que recoja aquellas conclusiones que en el curso de los trabajos han tenido niveles de consenso muy mayoritarios y que no hay sido reflejado como tales, así como otras que, sin lograr esos apoyos amplios, sí han estado avaladas por una mayoría de comunidades. Y ello sobre los asuntos esenciales que han de configurar el nuevo modelo, algo que no ha hecho el Gobierno, que no ha realizado sus deberes", esgrimió el consejero de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler.

Así, las alegaciones presentadas ante el ministerio por los representantes de la Comunidad Valenciana en el CTPE, José Antonio Pérez y Rafael Beneyto, ponen en valor el "amplio acuerdo" y las "evidencias claras" que aportan los datos y que constató el Informe de los Expertos entregado en julio de 2017 sobre la insuficiencia financiera sufrida por las comunidades para atender los servicios públicos fundamentales de sanidad, educación y protección social en el periodo 2009-2015.

16.500 MILLONES

Una insuficiencia que llegó a ser de 25.000 millones en algunos ejercicios y que en el último año liquidado, 2015, se situó en 16.500 millones. Esa brecha ha comportado una reducción del gasto en los servicios esenciales del 9%, que en el resto de competencias ha sido del 30%.

Por ello, según la Generalitat,"es imprescindible que el nuevo sistema permita cumplir el principio de suficiencia y que la capacidad de financiación de éste atienda, al menos, la cobertura del gasto real autonómico en salud, educación y protección social al nivel de las necesidades". Para ello, se debería recuperar como mínimo la brecha citada de 16.500 millones.

El documento de alegaciones también resalta que "existe un amplio consenso entre las comunidades sobre la necesidad de mejorar la autonomía financiera e incentivar la corresponsabilidad fiscal de las comunidades y, al mismo tiempo, contribuir al equilibrio vertical". "Para ello, ve factible reconsiderar el porcentaje de participación de las comunidades en el IRPF, el IVA y los impuestos especiales y las posibilidades de cesión de nuevos tributos. El modelo del Consell plantea que se amplíe la participación en el IVA del 50% al 70% y de los impuestos especiales del 58% al 70%.

Asimismo, las alegaciones de la Generalitat hacen constar, a diferencia de lo que ha realizado el Ministerio, que "hay una amplísima mayoría de comunidades autónomas de régimen común que considera que el nuevo sistema de financiación tiene que lograr una igualación plena en la cobertura de las necesidades de sus ciudadanos y, por tanto, en los recursos asignados a cada una de ellas para su financiación, todo ello en términos homogéneos y normativos".

Para el Consell, "la modificación del modelo ha de permitir alcanzar de forma clara y sencilla un objetivo final: garantizar que cada unidad de necesidad tenga la misma financiación, con independencia de donde se localice el usuario de los servicios públicos. Si esta necesidad se midiera en función de la población ajustada, el sistema tiene que proporcionar idéntica financiación por habitante ajustado".

El documento presentado por el Consell también refleja que "más de la mitad de las comunidades presentes en el CTPE se han manifestado a favor de apoyar la compensación de una parte de la deuda autonómica". La compensación, para el Consell, se produciría en dos tramos; uno, general, para todas las autonomías, y un segundo, específico, para atender a las comunidades que han contado con menos recursos que la media y que, como la Comunidad Valenciana, han gastado por debajo del promedio.