Según el Ejecutivo foral, los hechos enjuiciados son constitutivos de cinco delitos continuados de agresión sexual y no de cinco delitos continuados de abuso sexual, razón por la que se solicita la revocación de la sentencia y que los acusados sean condenados a la pena de 18 años y 9 meses de prisión y libertad vigilada durante otros 10, además de su inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena.

Además, el Gobierno navarro entiende que lo que hicieron con el móvil de la víctima debe ser constitutivo de un delito de robo con violencia o intimidación en las personas, y no de un delito leve de hurto, lo que supondría para todos los acusados y no para uno solo la pena de tres años de prisión, más la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y la de suspensión de empleo o cargo público durante el tiempo de la condena para dos de los acusados.

Por último, considera que los hechos enjuiciados constituyen un delito contra la intimidad, con condena a todos y cada uno de los acusados a las penas de tres años y tres meses de prisión, y multa de 21 meses con una cuota diaria de 9 euros para 4 de ellos y de 15 euros para otro, y como penas accesorias, la de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y la de suspensión de empleo o cargo público para dos de los acusados durante el tiempo de la condena.