Así lo puso de relieve el delegado del Cermi para Los Derechos Humanos y la Convención Internacional de la Discapacidad, Jesús Martín, durante su intervención en la inauguración de la jornada ‘La capacidad jurídica de las personas con discapacidad y los apoyos en la toma de decisiones. Modelos de inclusión en la comunidad’, celebrada en Toledo, y organizada por el Cermi Castilla-La Mancha con el apoyo del Colegio de Notarios y de la Consejería de Bienestar Social de la Junta.

El delegado del Cermi recordó que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad es de obligado cumplimiento para todos los estados que la han ratificado, como es el caso de España.

Además, subrayó que en su artículo 12, la Convención establece que ninguna persona con discapacidad puede ver mermado su derecho a la igual capacidad jurídica por razón de discapacidad, “y eso significa, lisa y llanamente que nuestro sistema civil de incapacitación con la tutela, la curatela y otras medidas no es consistente y no cumple la Convención, y debe ser reelaborado, reconfigurado, desde la nueva base de no sustituir a la persona, sino darle apoyo para que tome sus propias decisiones. Nunca sustituir, solo apoyar”.

“La normativa relativa a la modificación de la capacidad nació con el fin de 'proteger' a la persona desde un planteamiento profundamente paternalista, que quizá tuvo su razón de ser en su momento, dado que la situación de las personas con discapacidad era mucho más precaria y estaba marcada por la exclusión social. Sin embargo, actualmente, ese sistema 'proteccionista' debe ser reformulado, pues proteger no es apartar, sino apoyar” insistió Jesús Martín.

En este sentido, la presidenta del Cermi Castilla-La Mancha, Cristina Gómez, destacó la necesidad de seguir avanzando hacia un modelo de apoyos en la toma de decisiones de las personas con discapacidad que así lo requieran, “dejando atrás definitivamente el modelo basado en la modificación de la capacidad jurídica, que desprovee a las personas de poder tomar sus propias decisiones”.

Asimismo, Cristina Gómez puso en valor “los avances” que se han conseguido gracias a la aprobación de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y con la reciente aprobación en el Parlamento autonómico de la Ley de Protección y Apoyo Garantizado para las Personas con Discapacidad.

Por su parte, la consejera de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Cristina Gómez, incidió en la relevancia que en su opinión posee la figura del mediador, por la que se está apostando desde el Gobierno regional. En esta línea, Sánchez enumeró algunos de los avances legislativos en los que se ha trabajado y se está trabajando en beneficio de la igualdad de derechos de las personas con discapacidad y sus familias.

La jornada contó también con la participación entre otras personas de Juan Ramón Brigidano, juez decano de Toledo; Almudena Castro, notario de Castellbisbal, directora de la Fundación Aequitas y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Internacional del Notariado; Francisco Jesús González, abogado en ejercicio y adjunto a la Dirección de la Fundación Aequitas; Mª José Alonso, abogada en ejercicio especializada en discapacidad; Ana Cabellos, directora gerente de Fundace CLM; Mamen de la Llave, gerente de Futucam, y Pedro Llanos, coordinador de Fundación Madre.