En concreto, la institución ha preguntado si existe una normativa específica que regule el desalojo y posterior realojo de la población chabolista y si los gobiernos regionales cuentan con algún instrumento de planificación ante estas situaciones.

Según explicó este lunes en un comunicado, el Defensor conoce "de primera mano las actuaciones, siempre traumáticas, de desalojo de los asentamientos, especialmente en aquellos casos en los que hay menores implicados" y también es consciente de los problemas que padecen las personas "que malviven en estos poblados, en condiciones muy precarias y de insalubridad, y con una ausencia casi absoluta de servicios públicos de ningún tipo". En su opinión, "la situación de exclusión social de la población chabolista obliga a la intervención de los poderes públicos".

AYUNTAMIENTOS

A pesar de que son las comunidades autónomas quienes ostentan la competencia exclusiva en materia de vivienda, el Defensor considera "esencial" el papel a desempeñar por los ayuntamientos en los que se encuentra el asentamiento. Por ello, ha pedido información sobre cómo se distribuyen las competencias entre comunidades autónomas y ayuntamientos para abordar este problema.

Otro de los objetivos de esta actuación de oficio es saber si las administraciones disponen de censos o estadísticas sobre las personas que viven en este tipo de asentamientos y si las administraciones respetan las garantías procesales mínimas que deben cumplirse en cualquier desalojo forzoso, según establece el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.

Precisamente, añade la nota, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Vivienda Adecuada está elaborando un informe sobre asentamientos informales y derechos humanos y ha pedido la colaboración del Defensor del Pueblo.