Según explica el departamento dirigido por Íñigo de la Serna, la AUE es un documento de carácter estratégico y no normativo que busca orientar el sentido de las políticas urbanas sostenibles con objetivos sociales, ambientales y económicos.

En este punto, el Cermi ve en la AUE “una oportunidad para promover la transformación de las ciudades en espacios inclusivos, accesibles, confortables y participativos para las personas con discapacidad y sus familias, para lo que es preciso situar a la persona con discapacidad en el centro de todas las decisiones que le afecten”.

En este sentido, para que este objetivo sea una realidad tangible para las personas con discapacidad, a juicio del Cermi, “es imprescindible que la accesibilidad sea la norma y no una excepción”. Así, insiste en que es imperativo garantizar el libre e igual acceso a los servicios de transporte municipales y la practicabilidad de las vías urbanas para toda la ciudadanía, eliminando las barreras existentes.

VIVIENDAS ACCESIBLES

“Pero sin duda, el primer elemento de inclusión para las personas con discapacidad en las ciudades y pueblos empieza en la propia vivienda. En cambio, cientos de miles de personas con discapacidad encuentran barreras arquitectónicas para poder entrar y salir de manera digna e independiente de su domicilio, lo que hace necesario que los ayuntamientos creen un fondo destinado a contribuir a que las comunidades de vecinos puedan emprender con apoyo obras de accesibilidad”, apunta el Cermi.

Además, añade que las corporaciones locales deben impulsar medidas de acción positiva en el acceso a la vivienda pública, garantizando un porcentaje de pisos accesibles, así como incluir a las personas con discapacidad como grupo social vulnerable en las políticas y ayudas municipales al alquiler.

En esta línea, la entidad destaca que, dado que las personas con discapacidad suelen tener un mayor volumen de gastos y menos ingresos, la Agenda Urbana debe contemplar políticas vigorosas y estables de ayuda a la ciudadanía con discapacidad. Como ejemplo, se pueden implementar acciones que vayan encaminadas a reducir los copagos en servicios de autonomía personal y atención a la dependencia.

Otorgar una correcta formación en materia de discapacidad a profesionales que tratan directamente con las personas con discapacidad, incluidos policías locales y guardias civiles; la promoción de campañas destinadas a sensibilizar sobre la importancia de brindar un trato adecuado e igualitario a las personas con discapacidad, y la adecuación de las ordenanzas municipales a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado que es de obligado cumplimiento por parte de todos los niveles de la administración del Estado español, son otras de las propuestas del Cermi.

Por último, la entidad incide en la importancia de que la Agenda Urbana refuerce el diálogo civil con las organizaciones representantes de las personas con discapacidad y sus familias, “porque las ciudades necesitan de una sociedad civil propositiva y crítica como mecanismo de higiene democrática”.