En la operación realizada en el marco de las Diligencias Previas 111/16, ha participado la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, coordinando un dispositivo policial de cerca de 500 agentes, que ha llevado a cabo actuaciones en Barcelona, Girona, Falset, Reus, Mataró, Manresa, San Cugat del Vallés y Arenys de Mar.

Se han practicado 19 registros en despachos de sedes de la Generalitat de Cataluña y de la Diputación de Barcelona, en la sede de fundaciones y asociaciones (CATmon e IGMAN), en diversas empresas así como en los domicilios de los principales miembros de la organización, procediéndose a la detención de más de 30 personas, entre ellos Jordi Castells Masanés, subdirector general de Cooperación Local de la Generalitat, según ha informado el ministerio público.

La investigación se centra en el posible desvío de más de dos millones de euros de dinero público en subvenciones para ayudas en supuestos proyectos en países en desarrollo y presuntamente revelaría que los fondos de tales subvenciones transitaban de forma anómala entre las cuentas bancarias de IGMAN, CAtmony la sociedad mercantil DISCATIMAT S.L, para finalmente ser reintegrados en efectivo, destinados a sufragar los gastos de la actividad del entramado criminal o a nutrir las cuentas personales de diversos implicados en la trama.

En el marco de estas actuaciones se ha procedido a la detención de Jordi Castells, quien en el momento de la concesión de las subvenciones era director de Relaciones Institucionales de la Diputación de Barcelona y actualmente ocupa el cargo de subdirector general de Cooperación Local de la Generalitat; a la del entonces presidente de la Diputación, Salvador Esteve Figueras; al actual alcalde de Tordera y diputado delegado de Hacienda, Recursos Humanos, Procesos y Sociedad de la Información de la Diputación, Joan Carles García Cañizares; a Víctor Terradellas Maré, quien fue secretario de Relaciones Internacionales de CDC, a responsables de Pimec, así como a otros directivos de fundaciones, asociaciones y empresas catalanas.

A los detenidos, la Fiscalía Anticorrupción les atribuye, en principio, la presunta comisión de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones.