Los dos grupos parlamentarios cerraron el acuerdo de aprobación de las cuentas públicas y de “estabilidad política, económica e institucional” por el que se felicitaron en sendas ruedas de prensa consecutivas el portavoz socialista, José Antonio Alonso, y la de Coalición Canaria, Ana Oramas.

El acuerdo tiene una primera parte puramente económica con partidas que Alonso juzgó “muy importantes” para generar empleo en las islas, una de las comunidades autónomas más castigadas por el paro.

Contiene también previsiones de inversiones en infraestructuras turísticas y ferroviarias, y subvenciones y bonificaciones en tasas de transporte de mercancías y viajeros y para acometer un proceso de reindustrialización.

La segunda parte contiene compromisos políticos e institucionales, como la delimitación como aguas nacionales de las interiores del archipiélago.

Con ello, según Oramas, esas aguas dejarán de ser internacionales y, por tanto, “aguas de nadie, donde pasa cualquiera”, y el Estado y la comunidad autónoma ejercerán sobre ellas las competencias que ya tienen distribuidas en tierra.

En virtud de ese acuerdo, el Estado tiene que tramitar ante los organismos internacionales la declaración de esas aguas como españolas, al igual que hizo Portugal con Azores o han hecho otros estados europeos con archipiélagos que forman parte de su territorio.

Es una reivindicación tradicional del nacionalismo canario, subrayó Oramas, pero que, según Alonso, es acorde con la Constitución, en virtud de la cual las competencias sobre el mar territorial y sobre la zona económica exclusiva corresponden únicamente al Estado.

Es acorde también, explicó, con el derecho internacional del mar, que distingue entre los “estados archipielágicos”, es decir, los formados por islas, y los “archipiélagos de Estado”, es decir, las islas que están integradas en un estado, que es el caso de Canarias.

El acuerdo suscrito ahora por los dos partidos no contiene distribución concreta de competencias, pero establece que en el futuro las competencias sobre esas aguas que ahora se delimitan se distribuirán de acuerdo a la Constitución y el Estatuto.

Eso implica, explicó Oramas, que Canarias ya no serán sólo siete islas, sino también las aguas que las circunda, con lo que será una de las comunidades de mayor territorio, lo cual tendrá consecuencias, por ejemplo, en materia de financiación autonómica.

Además, implicará que la comunidad autónoma podrá reclamar el ejercicio en esas aguas de las mismas competencias que ahora ejerce en tierra, por ejemplo, expuso Oramas, en la concesión de licencias para la explotación de hidrocarburos.

El acuerdo recoge hasta diez medidas para desarrollar el régimen económico y fiscal de Canarias en virtud de su reconocimiento como territorio ultraperiférico de la Unión Europea, con una línea de préstamos del ICO, incentivos específicos para la internacionalización o bonificaciones para el transporte marítimo.

En el capítulo más político del acuerdo, los socialistas se comprometen a impulsar un Estatuto de Autonomía “de última generación” para las islas, después de que la reforma del texto vigente fue bloqueada en el Parlamento autonómico.

Además, desarrollarán el Estatuto vigente en sus previsiones sobre políticas activas de empleo hasta una “situación similar” a la acordada con el PNV para el País Vasco, con la salvedad de que la financiación será distinta, ya que en los territorios forales se encauza mediante el cupo.

En este punto, Alonso precisó que la intención es convocar antes de final de año la comisión bilateral para concretar ese desarrollo, y explicó, además, que el texto del Estatuto vigente es “suficiente” para hacerlo así, sin que sea necesario esperar a una reforma del mismo.

Igual que en el caso del acuerdo con el PNV para el País Vasco, insistió el portavoz socialista, “no se toca” la caja única de la Seguridad Social ni las políticas pasivas de empleo.

Alonso celebró ese acuerdo, “especialmente importante en los tiempos que corren” porque garantiza credibilidad y confianza en la economía española dentro y fuera del país, y rechazó por ello las críticas del PP por entender que obedecen sólo a la “rabia por no poder acceder a lo único que les interesa, que son unas elecciones anticipadas”.

Oramas juzgó “histórico” el acuerdo y aseguró que es un paso “de gigante” para las islas pero también será positivo para el Estado porque hay compromiso de dar estabilidad a las políticas económicas del Gobierno para el próximo año.