Según informó la Policía, los líderes de la trama captaban a compatriotas y les sometían a duras condiciones laborales en los establecimientos, con jornadas maratonianas de hasta 12 horas diarias, sin descanso semanal, a cambio de un salario que oscilaba entre 400 y 500 euros que no declaraban.

También se encargaban de organizar matrimonios de conveniencia con españolas para que los trabajadores obtuvieran el permiso de residencia previo pago de una cantidad que oscilaba entre los 8.000 y los 10.000 euros.

Durante la operación se ha detenido a 39 personas: en Málaga (19), Torremolinos (2), Fuengirola (8), Marbella (5), Coín (1) y Mijas Costa (4) como presuntos responsables de los delitos de falsedad documental, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores y delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social.

También se han realizado 12 entradas y registros en diferentes restaurantes pakistaníes y domicilios de los investigados: en Mijas (4), Calahonda (1), Coín (2), Marbella (1), Fuengirola (3) y Torremolinos (1). En ellos se han intervenido más de 170.000 euros en metálico y un vehículo de alta gama valorado en 40.000 euros. También se han bloqueado judicialmente más de 160.000 euros en cuentas corrientes y cerca de 900.000 euros en valor de mercado de inmuebles.

Durante la investigación se realizaron cinco inspecciones laborales en los restaurantes investigados junto a la Inspección de Trabajo de Málaga.

DENUNCIA

La investigación comenzó después de una denuncia interpuesta por un trabajador de un restaurante especializado en comida paquistaní en la que exponía las condiciones laborales que tanto él como cinco compatriotas sufrían en el local.

Tras diversas pesquisas se constató que los propietarios del restaurante –un paquistaní y su hermano- eran los miembros más destacados de un entramado de empresarios paquistaníes dedicado a la restauración en la Costa del Sol.

Estos dos individuos, junto a un tercero de origen angoleño, también se dedicaban a facilitar la regularización de ciudadanos paquistaníes y subsaharianos haciéndolos pareja de hecho con mujeres españolas previo pago de una cantidad que oscilaba entre los 8.000 y los 10.000 euros.

A su vez, los dos paquistaníes junto con el responsable de una oficina bancaria simulaban relaciones laborales mediante contratos de trabajo falsos como empleados de hogar para obtener prestaciones sociales o regularizar su situación administrativa.

Presuntamente contaban con la colaboración de una gestoría de Fuengirola (Málaga) donde realizaban altas y bajas fraudulentas de los trabajadores.