Catalá se refirió a esta cuestión en el Pleno del Senado, donde el parlamentario del PSOE Juan Luis Soto le preguntó por el caso de una pareja de mujeres de Murcia, a las que se pidió documentación adicional para inscribir a un hijo nacido por inseminación artificial.

En concreto, este episodio se produjo a comienzos de este mes de mayo, cuando un funcionario del Registro Civil de Murcia pidió a estas mujeres, que iban a inscribir a su hijo nacido por inseminación artificial, el certificado del centro al que acudieron para la fecundación. Este documento les fue solicitado junto al libro de familia y el certificado de nacimiento del bebé.

A este respecto, Catalá señaló que la solicitud de este documento por parte del Registro Civil de Murcia es una “mala práctica que está siendo corregida”, puesto que en la ley vigente, de 2015, no se diferencia entre las parejas heterosexuales y homosexuales en cuanto a los trámites de registro de niños.

“NINGUNA SINGULARIDAD”

El ministro destacó que esta ley fue aprobada bajo un Gobierno del PP, mientras que la anterior, de 2006 y que vio la luz con un Ejecutivo socialista, sí que diferenciaba en los trámites entre los tipos de uniones familiares.

El titular de Justicia insistió en que la legislación vigente no establece “ninguna singularidad” ante el Registro Civil entre las parejas heterosexuales y homosexuales. “Eso es lo que se aplica y debe aplicarse”, afirmó.

Por el contrario, Soto estimó un “agravio comparativo” lo ocurrido con la pareja de mujeres de Murcia y lo atribuyó a que en el PP “no creen” en la igualdad entre los ciudadanos. Este senador del PSOE sostuvo que lo ocurrido a estas dos mujeres no es “un hecho aislado”, sino que tiene su explicación en que el Gobierno de Mariano Rajoy no quiere “dignificar” a los miembros del colectivo LBTGI.